El presidente Luis Abinader ha vuelto a encender titulares al declarar, con tono enérgico y firme, que «la mano de obra extranjera tiene los días contados en la República Dominicana». Una frase que, de entrada, parecería el anuncio de una política migratoria seria y decidida. Pero cuando uno pasa del discurso a los hechos, se da cuenta de que lo del presidente no es más que otra vuelta en círculo: más reuniones, más mesas de diálogo, más comisiones, y menos acciones reales.
¿Por qué, si Abinader está tan claro en que la mano de obra extranjera –léase, principalmente la haitiana ilegal– debe ser reducida “a su mínima expresión”, sigue buscando consenso con el mismo sector empresarial que históricamente se ha beneficiado de esa mano de obra barata? ¿Por qué tantas reuniones con ex presidentes, con grupos económicos y gremios de constructores si, supuestamente, ya tiene la decisión tomada?
El mandatario no está hablando de un problema nuevo. La sobre dependencia del sector construcción en trabajadores haitianos ilegales es un fenómeno que viene desde hace décadas. Lo sabe él, lo sabe Acoprovi, lo sabe cualquier dominicano que haya pasado cerca de una obra en este país. Entonces, ¿qué se está discutiendo todavía?
¿Acaso el presidente espera que los mismos empresarios que han levantado sus fortunas pagando sueldos de miseria a trabajadores indocumentados, sin seguridad social, sin garantías, sean los que voluntariamente impulsen el cambio? ¿Hasta cuándo va a seguir Abinader premiando con sonrisas y pactos a quienes violan las leyes laborales y migratorias?
No se trata de crear más comisiones ni de perder tiempo con “planes de consenso” que solo postergan lo inevitable. Se trata de gobernar. El Código de Trabajo es claro. Las leyes migratorias son claras. Lo que falta es voluntad para aplicarlas.
El gobierno no necesita planear más nada. Ya existe un marco legal para sancionar a quien contrate mano de obra ilegal. Basta con penalizar severamente a los empleadores que incurren en esa práctica. Multas ejemplares, clausura temporal de obras, y sí: si hay reincidencia, incluso prisión. El respeto a la ley no se negocia.
El presidente Abinader, debe entender que no se puede servir a dos amos. No puede proclamarse defensor de la soberanía nacional mientras se arrodilla frente a los grupos empresariales que han hecho de la ilegalidad una herramienta de lucro.
Si realmente tiene los pantalones bien puestos, que empiece por aplicar la ley. Que deje de hablar en futuro y actúe en presente. Que deje de hacerse el loco viejo con este tema.
Porque al final, no es la falta de mecanismos lo que impide resolver el problema, sino la falta de carácter para hacerlo.
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