Abinader pasó de decir: “no hay déficit, sólo un aporte extraordinario”, a remitir a la Procuraduría un informe que revela “corrupción” en Senasa
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Cuando la palabra del ocupante del Palacio Nacional se presenta como verdad incuestionable, conviene escudriñar los hechos en vez de tragar el relato. Luis Abinader pasó en pocos días del repetido mantra —“no hay déficit, sólo un aporte extraordinario”— a remitir a la Procuraduría un informe que revela “graves irregularidades” en la administración de SENASA bajo Santiago Hazim. Ese zigzag no es simple torpeza retórica: es un acto de gestión política que busca domesticar la percepción pública mientras se corre a tapar lo que huele a quebranto.
Primera inconsistencia de Abinader:
asegurar que “no hay déficit” y, acto seguido, hacer entrega de pruebas que describen pagos millonarios sin servicios efectivos, contratos onerosos y, según señalan reportes, más de 65 millones de pesos mensuales vinculados a un contrato sin justificación clara. ¿Cómo concilian ambas versiones? No se concilian: una contradice a la otra. Lo que antes se presentó como “calidad del gasto” se convierte, ante la evidencia, en un parche frente a filtraciones contables que señalan responsabilidad administrativa.
Segundo punto: el montaje institucional. El informe y las denuncias apuntan a estructuras paralelas —un “call center” que gestionaba autorizaciones a favor de empleados, pagos sospechosos y contratos inflados— que no son simples fallas operativas, sino señales de un diseño funcional para beneficiar intereses privados y personales. Cuando la arquitectura de una entidad pública facilita ese tipo de anomalías, no hablamos ya de ineficiencia: hablamos de riesgo sistémico de captura.
Tercero: el factor político. Que Santiago Hazim sea parte del círculo próximo a la vicepresidenta Raquel Peña convierte este caso en algo más que un escándalo técnico; lo transforma en una ficha dentro del ajedrez del poder. Cuando la cúpula de un gobierno permite que figuras cercanas ocupen posiciones desde las cuales se designan contratos y se manejan recursos, la línea entre gestión pública y clientelismo se difumina peligrosamente. Es legítimo preguntarse si la famosa “lucha contra la impunidad” del presidente es un principio o una herramienta selectiva.
Finalmente, la narrativa presidente Abinader —“puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices”— suena bien en titulares, pero pierde fuerza frente a documentos que, según versiones públicas, describen pagos sin prestación de servicios y mecanismos paralelos de autorización.
Si la transparencia es la consigna, los ciudadanos merecen más que declaraciones en X: necesitan acceso al contenido del informe, responsables concretos y medidas concretas, no advertencias genéricas para que “no se equivoquen” los funcionarios.
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El presidente Abinader habla tanto y tan seguido que termina atrapado por su propia sobreexposición mediática. Se lanza a responder sin tener información verificada y, para empeorar, se apoya en funcionarios que no están en esos cargos por capacidad ni experiencia, sino por ser amigos personales o compromisos con grupos empresariales. Esa mezcla lo hace repetir disparates que luego se contradicen con la realidad.
En Hackeandoelsistema.net hemos señalado en múltiples ocasiones que La Semanal ya cumplió su función inicial y debería ser descontinuada, pero hacerlo sería reconocido como otra derrota política del presidente y de su equipo estratégico de comunicación, un equipo que ha demostrado no tener la capacidad de reinventar una narrativa ni sostenerla en el tiempo.
Este episodio no es sólo una falla administrativa; es una prueba de fuego para la credibilidad del gobierno. Si se pretende restaurar confianza, la opción no es la retórica sino la rendición de cuentas pública: publicar el informe completo, auditar contratos, procesar las irregularidades y mostrar que la lucha contra la corrupción no es un slogan selectivo, sino un mandato para todos. Mientras tanto, la narrativa de estabilidad financiera que nos vendieron queda hecha jirones frente a la evidencia. Y eso, en política, tiene consecuencias.
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