El caso Farmacard–SENASA ha sacudido la opinión pública dominicana en 2025, revelando cómo los contratos millonarios de salud estatal pueden convertirse en un negocio privado cuando los controles fallan y los responsables parecen tratar el sistema público como un botín. La evidencia apunta a irregularidades sistemáticas en la gestión de medicamentos ambulatorios, con impactos económicos y sociales que afectan directamente a los afiliados del régimen contributivo, pensionados y jubilados.
Cómo funcionaba el esquema
En República Dominicana, cuando un ciudadano compra medicamentos en farmacias privadas, a menudo obtiene un descuento del 10% al 20%. Ese ahorro no aplica si se usa un seguro médico, ya que la ARS debe entregar un porcentaje similar a la seguridad social por cada compra. Sin embargo, SENASA, como prestadora estatal, no tenía esa obligación, lo que generaba un vacío que fue explotado.
Para capturar ese dinero, se recurrió a Farmacard, una empresa privada que comenzó a manejar la distribución y facturación de los medicamentos de SENASA. Según los reportes, directivos asignados por el presidente trataban la salud de los dominicanos como una oportunidad de lucro, derivando funciones de la entidad pública a un tercero y facilitando esquemas de sobrefacturación y pagos indebidos.
Cronología del fraude
- 2012-2020: Farmacard firma contratos con SENASA, logrando supuestamente ahorros del 40%, mientras la empresa acumulaba influencia sobre la gestión de medicamentos.
- Marzo 2025: La Procuraduría General de la República (PGR) recibe denuncias de facturaciones fraudulentas por RD$40 millones, incluyendo recetas innecesarias, estudios falsos y manipulación de carnets de asegurados.
- 28 de febrero 2025: SENASA firma un contrato millonario con Farmacard: RD$168.85 por afiliado, totalizando RD$314 millones al mes y más de RD$11,300 millones en 3 años. La empresa asume riesgos financieros, pero obtiene control de autorizaciones y pagos, generando cuestionamientos legales.
- Agosto 2025: La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anula el contrato por violar la Ley 340-06, tras denuncia de DHN Digital Health Network S.R.L. y revelarse conflictos de interés legales con la firma Biaggi S.R.L., que representaba a Farmacard.
- Septiembre 2025: El presidente Abinader entrega un informe sobre irregularidades a la PGR; Farmacard defiende la legalidad del contrato y destaca ahorro de RD$129 millones en 5-6 meses, negando ser el origen del fraude.
- Octubre 2025: Continúa la investigación con DGCP, SISALRIL y la Contraloría involucradas. SENASA suspende contratos con 10 centros privados y busca proveedores transparentes.
Mecanismos de fraude detectados
- Recetas falsas o duplicadas del sector público facturadas al contributivo.
- Entregas irregulares de medicamentos y procedimientos no autorizados.
- Facturación inflada y autorizaciones indebidas, afectando la sostenibilidad del sistema.
Aunque Farmacard sostiene que sus sistemas detectaron los abusos, la evidencia apunta a que los controles internos de SENASA eran insuficientes, lo que permitió que terceros se lucraran con recursos públicos.
Impacto económico y social
- Costo del contrato anulado: RD$11,304 millones en 3 años, incluyendo RD$3,780 millones anuales solo por gestión.
- Fraudes detectados: RD$40 millones en facturaciones falsas.
- Ahorros alegados por Farmacard: RD$129 millones en 5-6 meses.
- Afiliados afectados: Interrupciones temporales en el acceso a medicamentos durante la transición de directivos.
Consecuencias políticas
El caso también revela la relación entre intereses privados y poder político. Si bien el presidente Abinader destituyó a directivos y presentó el caso como un ejemplo de “no tolerancia a la corrupción”, la oposición considera que se trata de una puesta en escena mediática. La historia reciente muestra que los escándalos que involucran a amigos del poder tienden a desaparecer sin sanciones significativas, dejando una sensación de impunidad.
El fraude en SENASA y Farmacard no es un hecho aislado; es parte de un patrón donde recursos públicos destinados a la salud se desvían mediante contratos con intermediarios privados, aprovechando vacíos legales y falta de auditorías digitales.
Mientras la investigación de la PGR siga en curso, y sin condenas firmes a la vista, la percepción de que los involucrados quedarán impunes permanece. La salud de los dominicanos sigue siendo tratada como negocio por quienes deberían protegerla, y el mensaje es claro: sin memoria y sin presión ciudadana, el olvido y la impunidad ganan terreno.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
