El CES pide legalizar a los haitianos y Abinader dice que hará lo que ellos decidan; Leonel, Danilo e Hipólito están de acuerdo
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La inmigración haitiana ha sido uno de los temas más delicados y divisivos en la agenda nacional de la República Dominicana. Recientemente, el Consejo Económico y Social (CES), órgano constitucional de concertación social, ha sido señalado por el presidente Luis Abinader como el espacio donde se definirá el futuro de una posible política de regularización de inmigrantes haitianos en situación irregular. Esta decisión ha desatado reacciones intensas desde distintos sectores de la sociedad, con opiniones que van desde el respaldo institucional hasta acusaciones de alta traición.
¿Qué es el CES?
El Consejo Económico y Social es un órgano creado por la Constitución dominicana (Artículo 251) para facilitar el diálogo tripartito entre el sector público, el sector empresarial y la sociedad civil. Su misión es servir de espacio para la concertación de políticas públicas en áreas como el desarrollo económico, el trabajo, la educación y la seguridad social.
Aunque su rol es consultivo, en los últimos años se ha convertido en una figura clave para impulsar reformas como el Pacto Eléctrico, el Pacto Educativo y recientemente, discusiones sobre la reforma laboral.
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La postura del presidente Abinader complaciente del CES
Al ser cuestionado sobre si su gobierno contemplaba un nuevo plan de regularización de inmigrantes haitianos, el presidente respondió que cualquier decisión sobre ese tema se delegaría al CES. “Ese es un tema que debe tratarse en el marco del diálogo institucional. El CES es el espacio idóneo para que la sociedad dominicana exprese sus posiciones y busque consensos sobre este tema tan sensible”, afirmó Abinader.
Para algunos sectores, esta declaración representa una forma de “lavarse las manos” y evadir una responsabilidad que compete exclusivamente al Poder Ejecutivo, tal como lo establecen la Ley General de Migración (285-04) y su reglamento.
Reacciones desde el Congreso
El diputado Pedro Botello, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), fue enfático en su rechazo: “Estamos frente a una entrega de la soberanía nacional. Delegar una política migratoria a un consejo tripartito es abdicar de la autoridad del Estado”. Otros legisladores como Juan Dionicio Rodríguez Restituyo (Frente Amplio) han pedido que cualquier decisión sobre la migración debe pasar primero por el Congreso y consultar a la población.
Posición del sector empresarial
Del lado del sector privado, representado en el CES por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la postura ha sido más pragmática. En múltiples ocasiones han reconocido que la economía dominicana, especialmente en la construcción y la agricultura, depende en buena medida de la mano de obra haitiana.
Pedro Brache, presidente del CONEP, ha declarado: “Lo que necesitamos es un sistema migratorio ordenado, donde los trabajadores puedan estar documentados y fiscalizados, no una política de expulsión masiva que afecte la economía”.
Sociedad civil y derechos humanos
Las organizaciones de derechos humanos y algunas ONGs ven en la participación del CES una oportunidad para discutir de forma técnica y con apego a los derechos fundamentales. Entidades como el Centro Bonó y el Instituto Nacional de Migración han abogado por “una política migratoria que reconozca la dignidad humana, pero también garantice el respeto a la ley”.
No obstante, otras organizaciones de la sociedad civil nacionalista, como el Instituto Duartiano, consideran que esta propuesta es “una claudicación del Estado dominicano frente a presiones internacionales”. Su presidente, Wilson Gómez Ramírez, ha dicho: “El Estado no puede compartir soberanía en materia migratoria. Esa es una función indelegable”.
El precedente de 2013 y la Sentencia 168-13
Cabe recordar que en 2013, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia 168-13 que estableció los criterios de nacionalidad para hijos de inmigrantes en situación irregular. Posteriormente, la Ley 169-14 permitió un plan de naturalización con plazos y condiciones. Ese proceso fue criticado por sectores internacionales, pero defendido por amplios sectores nacionales como una medida soberana.
¿Riesgo de presión internacional?
Organismos internacionales como la OEA, la ONU y Amnistía Internacional han mantenido observación constante sobre la situación de los haitianos en la República Dominicana. El temor de muchos sectores nacionales es que el CES termine siendo utilizado como una herramienta para aplicar presiones “blandas” en favor de una nueva regularización sin condiciones claras ni respaldo jurídico.
La posible regulación de haitianos ilegales a través del CES coloca a la República Dominicana en una encrucijada: entre el ejercicio del diálogo democrático y la defensa de su soberanía migratoria. Si bien el CES tiene la legitimidad constitucional para promover consensos, muchos consideran que esta función no debe usurpar las competencias del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Para algunos, esto representa una muestra de institucionalidad. Para otros, es “la más alta traición de un presidente dominicano”, al delegar en un órgano tripartito una responsabilidad que afecta directamente la identidad nacional y la seguridad del país.
¿Es el CES el escenario correcto? ¿O estamos presenciando una cesión peligrosa de la soberanía dominicana?
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