Desde que Luis Abinader asumió la presidencia, su discurso de apoyo a la producción nacional ha quedado en pura retórica. En la práctica, sus políticas económicas han beneficiado de forma desproporcionada a un reducido grupo de empresarios con poder e influencia, mientras miles de productores locales luchan por sobrevivir frente a un modelo económico centrado en las importaciones.
A pesar de que República Dominicana produce en abundancia alimentos esenciales como pollo, arroz, habichuelas y huevos, el gobierno continúa favoreciendo las compras en el extranjero, generando pérdidas para el campo y encareciendo el costo de vida para la población. Esta es la realidad de un país gobernado para los ricos, donde la economía funciona como un negocio privado al servicio de unos pocos, y no como una herramienta para el desarrollo colectivo.
A pesar de que la República Dominicana mantiene una producción mensual de más de 22.5 millones de unidades de pollo, el país continúa importando cantidades significativas de esta carne desde mercados internacionales como Brasil y Estados Unidos. De hecho, solo en 2024, se importaron trozos y despojos comestibles de pollo por un valor superior a los 115.8 millones de dólares, según datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana).
La explicación que se da desde los sectores productivos es clara: cuando el precio del pollo en el mercado internacional cae por debajo del costo local de producción, países como Brasil y EE.UU. colocan sus excedentes en mercados como el dominicano, a precios considerablemente bajos.
Aunque esto parece una buena oportunidad de ahorro en papel, en la práctica termina afectando seriamente a los productores nacionales, que ven cómo sus ventas son desplazadas por productos importados a bajo costo y en esto el presidente Abinader, no lo a pensado, por incapacidad o conveniencia para los empresarios.
A esto se suma el hecho de que el Gobierno dominicano sigue adquiriendo pollos importados para abastecer programas estatales, a pesar de las resoluciones existentes que mandatan el uso preferente de productos nacionales. Esta contradicción entre la normativa y la práctica ha sido señalada por organizaciones del sector agropecuario como una forma de presionar innecesariamente al productor local.
Detrás de estas decisiones hay una realidad que muchos señalan: el presidente Luis Abinader mantiene compromisos con empresarios vinculados al negocio de las importaciones, quienes se benefician enormemente del ingreso masivo de productos que bien podrían ser suplidos por el campo dominicano.
Este patrón no solo se limita al pollo: el país importa arroz, ajo, cebolla, habichuelas, huevos, leche y hasta aguacates, productos todos que se cultivan con abundancia en distintas regiones del país.
Para muchos, esto revela una prioridad clara: el gobierno de Abinader favorece a los empresarios que importan, incluso si eso va en detrimento de la producción nacional y del sustento de miles de familias dominicanas que viven del agro. Las políticas públicas que deberían proteger y fortalecer lo nuestro han terminado cediendo ante los intereses de quienes manejan grandes volúmenes de importación.
Esta situación expone una contradicción dolorosa: producimos en masa, pero consumimos lo de afuera. No por falta de calidad ni por escasez, sino por decisiones políticas que priorizan los negocios de unos pocos por encima del bienestar de la mayoría.
Si no se reorienta la política agroalimentaria del país, corremos el riesgo de seguir perdiendo soberanía alimentaria, mientras los productores locales —que han demostrado capacidad y compromiso— ven esfumarse sus oportunidades frente a un modelo económico que los deja fuera de juego.
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