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Comó República Dominicana debe responder a la Fundación Zile y organismos internacionales afirmando su derecho soberano a aplicar sus leyes migratorias sin interferencias externas

Comó República Dominicana debe responder a la Fundación Zile y organismos internacionales afirmando su derecho soberano a aplicar sus leyes migratorias sin interferencias externas

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Redaccion2REDACCION2/05 OCT DE 2024/1 MIN/0 VISTAS

La República Dominicana ha reafirmado su derecho soberano de implementar sus políticas migratorias sin necesidad de consultar a terceros, en respuesta a las recientes declaraciones de la Fundación Zile (FZ), una organización binacional que aboga por un diálogo bilateral en el tema de las repatriaciones masivas de haitianos desde territorio dominicano.

En un comunicado emitido por la FZ, la organización advirtió sobre las consecuencias de la decisión del gobierno dominicano de repatriar hasta 10,000 haitianos por semana, una medida que, según la entidad, no puede ejecutarse sin un “diálogo abierto y constante” con Haití. La FZ destacó la importancia de una coordinación entre ambos países para garantizar que Haití esté preparada para recibir y reintegrar a sus ciudadanos, y solicitó la intervención de organismos internacionales para asegurar que el proceso se realice con respeto a los derechos humanos.

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Haití es responsable de sus ciudadanos, y no es justo que los dominicanos carguen con su crisis.

La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad y apoyar a Haití en lugar de esperar que lo haga la República Dominicana.

Repatriación masiva y el contexto internacional

La medida del gobierno dominicano se enmarca en un escenario de creciente presión migratoria en la frontera con Haití, agravada por la crisis política, social y económica que afecta al país vecino. Desde hace meses, la administración del presidente Luis Abinader ha expresado su frustración ante la falta de acción por parte de la comunidad internacional para abordar la situación en Haití, que ha generado un fuerte impacto en la República Dominicana, especialmente en sectores como la seguridad y la economía.

“La crisis en Haití no debe ser motivo para que la República Dominicana deje de ejercer su soberanía en materia migratoria”, sostienen fuentes cercanas al gobierno. La repatriación de haitianos en situación irregular es vista como una respuesta necesaria para proteger los intereses nacionales, aunque el gobierno también ha manifestado su compromiso de llevar a cabo estos procedimientos de manera respetuosa y conforme al derecho internacional.

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El llamado de la Fundación Zile

Por su parte, la Fundación Zile, en su comunicado titulado "Relaciones Dominico-Haitianas: Un Llamado a la Cooperación y Solidaridad", ha expresado su preocupación por el impacto humanitario de las repatriaciones masivas y la falta de coordinación entre los dos países. La organización, fundada hace casi dos décadas con el objetivo de mejorar el entendimiento entre Haití y la República Dominicana, aboga por una política de “buena vecindad, cooperación y solidaridad” frente a la crisis.

El texto de la FZ también hace un llamado a la comunidad internacional para que juegue un papel más activo en la crisis haitiana, argumentando que la falta de intervención ha forzado a la República Dominicana a asumir un peso desproporcionado en la gestión del flujo migratorio. La FZ insta a ambos gobiernos a reactivar los trabajos de la Comisión Mixta Bilateral (CMB) y a fomentar el diálogo para evitar que la situación se deteriore aún más.

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La respuesta dominicana: "Somos soberanos"

Frente a estas declaraciones, sectores dominicanos han refutado los argumentos de la Fundación Zile, subrayando el derecho de la República Dominicana a aplicar sus leyes migratorias sin intervención externa. “El gobierno dominicano tiene todo el derecho de repatriar a los migrantes que se encuentran en situación irregular, tal como lo haría cualquier otro país del mundo”, expresó una fuente gubernamental que prefirió no ser identificada.

Asimismo, se ha criticado a ciertos medios de comunicación por, supuestamente, estar del lado de los intereses haitianos en este tema. En particular, se ha señalado al periódico Acento.com, al cual algunos dominicanos consideran como “enemigo de los intereses del país”, acusándolo de promover una narrativa que beneficia más a Haití que a la República Dominicana.

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Soberanía y protección de los derechos humanos

Aunque la República Dominicana defiende su soberanía en la gestión migratoria, también ha subrayado que el proceso de repatriación se realizará conforme a las normativas internacionales y con un enfoque en el respeto a los derechos humanos. El gobierno ha implementado protocolos para identificar a los migrantes en situación irregular y asegurar que el proceso de retorno sea asistido y digno.

Organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ya colaboran con el país para garantizar que se respeten los derechos de los repatriados.

Algunos sectores dominicanos han criticado al periódico Acento.com por, supuestamente, mostrar un sesgo a favor de Haití en su cobertura sobre la inmigración haitiana, calificándolo como "enemigo de los intereses del país". Estos críticos consideran que el medio prioriza los derechos de los haitianos, mientras minimiza los efectos negativos de la inmigración en la República Dominicana. Acento.com, por su parte, defiende su enfoque humanitario y asegura que informar sobre los problemas de los migrantes no significa estar en contra del país. Este debate refleja la polarización sobre el tema migratorio.

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La decisión de la República Dominicana de repatriar a miles de haitianos cada semana ha generado tensiones tanto a nivel local como internacional.

Sin embargo, las autoridades dominicanas insisten en que están en su derecho de gestionar el tema migratorio de manera soberana y responsable, mientras que organizaciones como la Fundación Zile continúan abogando por una solución basada en el diálogo y la cooperación. A medida que la situación se desarrolla, el desafío será encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los migrantes y la necesidad de salvaguardar los intereses nacionales.

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