13/07/2024

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Congresistas Dominicano con el Código Penal pretenden Renunciar el Derecho del país para Ejercer las Deportaciones de Indocumentados

Congresistas Dominicano con el Código Penal pretenden Renunciar el Derecho del país para Ejercer las Deportaciones de Indocumentados

Recientemente, se ha generado un intenso debate en la República Dominicana respecto al proyecto de nuevo código penal y su tratamiento de la deportación como un crimen contra la humanidad. Este proyecto, representaría una grave renuncia de soberanía por parte del Estado Dominicano al tipificar la deportación como una acción punible con hasta 40 años de prisión.

La deportación es un derecho soberano fundamental de cualquier estado para proteger su territorio y hacer cumplir su ley de migración. Considera que incluir la deportación como un crimen de esta magnitud no solo es peligroso y vergonzoso, sino que también podría abrir la puerta a querellas y litigios que obstaculicen su ejecución legítima por parte de las autoridades dominicanas.

El comunicado advierte sobre las implicaciones jurídicas y geopolíticas de esta medida, instando a la Cámara de Diputados y al Senado de la República Dominicana a rechazar categóricamente esta disposición del proyecto de código penal.

Se hace un llamado explícito al Presidente Luis Abinader para que, en caso de que el proyecto sea aprobado con esta disposición, considere vetarla en defensa de la soberanía nacional y el derecho del pueblo dominicano a ejercer su autoridad sobre la inmigración.

Este debate subraya tensiones significativas en el proceso legislativo dominicano, donde la protección de la soberanía estatal se enfrenta a las normativas internacionales sobre derechos humanos y crímenes contra la humanidad.

La resolución de este conflicto no solo afectará la política interna de migración, sino también las relaciones diplomáticas y la percepción internacional de la República Dominicana.

La controversia en torno a la inclusión de la deportación como crimen contra la humanidad en el nuevo código penal dominicano refleja un dilema crucial entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos, un desafío que requerirá un equilibrio delicado y cuidadoso en la legislación futura del país.

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