Continúa el Desorden de los Contratos de Alquiler en el Gobierno de Abinader: Una Decisión que Beneficia a Pocos y Afecta a Todos
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El gobierno del presidente Luis Abinader ha sido señalado en reiteradas ocasiones por su polémica gestión de contratos de alquiler millonarios, que favorecen a ciertos sectores privados en lugar de priorizar inversiones que generen beneficios a largo plazo para el país. El más reciente caso es el traslado de la Dirección General de Pasaportes a un lujoso edificio en el Ensanche Naco, cuyo arrendamiento asciende a RD$ 9.7 millones mensuales, con una opción de compra a cinco años por un total de RD$ 696,930,106.86. Esta práctica no es aislada: anteriormente, se reportaron contratos similares con entidades como la Dirección General de Aduanas, que alquiló un edificio en el mismo sector por RD$ 17 millones mensuales, y el Ministerio de Educación, con un acuerdo de RD$ 24 millones mensuales por su sede.
Mientras Abinader ha destacado la importancia de manejar con transparencia y eficiencia los recursos públicos, estos acuerdos de alquiler contrastan con sus declaraciones y alimentan la percepción de que el gobierno prioriza el enriquecimiento de grupos cercanos al poder.
Expertos en economía, como Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, han advertido que decisiones de este tipo representan un gasto recurrente innecesario y privan al Estado de activos que podrían generar beneficios a largo plazo, como ocurre con la construcción o compra de inmuebles propios.
Estos contratos millonarios han generado críticas en diversos sectores, que consideran que el gobierno debe replantear su política de alquileres y garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de la mayoría, no de una élite privilegiada.
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Lo que opinan los economistas influyentes
- Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ha argumentado que las inversiones públicas deben estar enfocadas en activos duraderos que beneficien al Estado a largo plazo. Según Stiglitz, el gasto en alquileres recurrentes representa un uso ineficiente de los recursos públicos, que podrían destinarse a proyectos más productivos.
- Paul Krugman, otro premio Nobel, ha destacado que los gobiernos deben evitar decisiones financieras que favorezcan a sectores privados en detrimento del bienestar común. Según Krugman, las políticas de gasto público deben diseñarse para maximizar beneficios sociales, no para enriquecer a una élite.
- Nouriel Roubini, reconocido economista por su predicción de la crisis financiera de 2008, ha señalado que, en contextos de presupuestos ajustados, los gobiernos deben priorizar inversiones estratégicas y evitar gastos innecesarios. Roubini critica duramente los contratos de alquiler prolongados cuando existen opciones más eficientes, como la construcción de infraestructura propia.
- Thomas Piketty, autor de El Capital en el Siglo XXI, ha enfatizado la necesidad de una mayor transparencia en las decisiones gubernamentales para evitar la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Piketty sugiere que la falta de control sobre estos contratos puede llevar a la percepción de corrupción y manejo inadecuado de fondos públicos.
¿Por qué construir o comprar es mejor que alquilar?
La construcción o compra de un edificio público asegura que los recursos invertidos generen valor a largo plazo. En lugar de pagar RD$ 9.7 millones mensuales en alquileres, el gobierno podría usar esos fondos para adquirir o construir una sede que pertenezca al Estado, eliminando el gasto recurrente y garantizando mayor estabilidad patrimonial.
Este caso se suma a otros episodios donde los contratos de alquiler han favorecido a sectores privados con vínculos cercanos al poder, dejando al pueblo dominicano con la carga financiera. Es hora de replantear estas políticas y priorizar decisiones que verdaderamente beneficien a la nación en lugar de a unos pocos privilegiados.
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La constante aprobación de contratos de alquiler millonarios bajo el gobierno de Luis Abinader expone una contradicción flagrante entre su discurso y su gestión.
Mientras promueve una reforma constitucional alegando la falta de recursos para enfrentar las necesidades del país, estas decisiones benefician directamente a empresarios cercanos a su entorno, priorizando sus intereses por encima del bienestar colectivo.
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En lugar de utilizar los fondos públicos para construir o adquirir infraestructura que pertenezca al Estado, el gobierno perpetúa una dependencia financiera que resulta costosa y difícil de justificar. Estas acciones no solo ponen en duda su compromiso con la transparencia, sino que también afectan gravemente la confianza de los ciudadanos en su liderazgo y visión para el futuro de la República Dominicana.
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