La corrupción en la República Dominicana es un fenómeno que trasciende colores políticos y administraciones. A pesar de que cada nuevo gobierno promete combatirla, el tiempo y la realidad terminan desmoronando esas promesas ante los ojos del pueblo. La administración actual no es la excepción. Aunque se intente promover la narrativa de que «ya no hay corrupción» y que «ahora hay consecuencias», los casos de irregularidades que han salido a la luz nos dicen lo contrario.

El Pasado Reciente: El Legado del PLD

La administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dejó un legado marcado por múltiples escándalos de corrupción, desde Odebrecht hasta Punta Catalina, en el municipio Bani, de la provincia Peravia, en la República Dominicana.

Los casos de corrupción morada siguen aún sin resolverse, o lo que es peor, con muy pocos responsables sentados en el banquillo de los acusados. A pesar de las denuncias y pruebas presentadas, la impunidad ha sido la norma. Funcionarios de alto nivel acusados de desfalcar al Estado continúan gozando de libertad, protegiéndose con un sistema judicial ineficaz, lleno de complicidades.

El pueblo dominicano, en su mayoría, vio cómo el PLD manejaba los recursos públicos como si fueran su propiedad privada. La falta de transparencia y la distribución de contratos a suplidores favoritos eran prácticas cotidianas. Los hospitales se caían a pedazos, las escuelas no recibían los fondos necesarios, pero las cuentas bancarias de los funcionarios crecían sin parar.

El Presente: ¿Un Cambio Real o Más de lo Mismo?

Con la llegada del actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el discurso fue claro: «Se acabó la corrupción». Se hablaba de transparencia, de un nuevo amanecer para el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que estas promesas eran más bien retóricas vacías.

Hoy, siguen existiendo los mismos patrones. Los «suplidores favoritos» no han desaparecido, simplemente han cambiado de rostro. En muchos casos, los Pliegos de Condiciones para licitaciones públicas están diseñados a la medida de ciertos empresarios, como si fueran trajes hechos por un sastre experto en corrupción. La Dirección General de Compras y Contrataciones, que debería ser un órgano vigilante, permanece en silencio. ¿Es complicidad o simple omisión? La percepción es clara: se sigue haciendo lo mismo que en el pasado, pero bajo un nuevo sello.

Un elemento que se ha vuelto central en los manejos financieros del gobierno actual es el Fideicomiso, un instrumento de moda que, bajo la excusa de agilizar procesos, permite manejar grandes sumas de dinero público con escasa fiscalización. Esto abre una puerta gigantesca para el mal manejo de fondos, con el agravante de que muchas veces estos fideicomisos no están sujetos al control del Congreso ni a los mecanismos tradicionales de auditoría.

¿Hay Consecuencias?

Un punto en el que el presidente actual insiste es que «ahora no hay impunidad». El argumento es que cualquier servidor público que sea acusado de corrupción es inmediatamente separado de sus funciones y puesto a disposición de la justicia. Sin embargo, esto parece ser más una medida cosmética que una realidad tangible. Muchos funcionarios acusados de irregularidades simplemente son removidos de sus cargos, pero no enfrentan consecuencias reales. Los procesos judiciales avanzan lentamente, y el pueblo rara vez ve condenas significativas.

Es verdad que algunos casos se han llevado ante la justicia, pero la mayoría de los que han sido procesados corresponden a figuras del gobierno anterior. ¿Y los actuales? En su mayoría, siguen operando sin mayores repercusiones. La impunidad puede no ser tan descarada como en el pasado, pero sigue estando presente, solo que ahora enmascarada como «irregularidades subsanables», una frase acuñada por la veterana política y funcionaria Milagros Ortiz Bosch.

El Futuro: ¿Qué Podemos Esperar?

Es probable que en unos años veamos a algunos funcionarios de este gobierno enfrentando procesos judiciales por actos de corrupción. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que, aunque se expongan las irregularidades, el sistema está diseñado para proteger a los poderosos. El pueblo dominicano ha sido testigo de múltiples casos donde los acusados quedan desacreditados, pero no necesariamente castigados. ¿Será diferente esta vez?

Lo que está claro es que el problema de la corrupción en la República Dominicana no es únicamente de carácter administrativo, sino cultural.

Se necesitarán décadas de reformas institucionales, educación cívica y fortalecimiento del sistema judicial para erradicar este mal profundamente arraigado en todos los niveles del gobierno. Mientras tanto, los fideicomisos, las licitaciones amañadas y los contratos a dedo seguirán siendo parte del paisaje político.

El pueblo dominicano debe despertar y exigir transparencia de sus líderes. La corrupción no desaparecerá de la noche a la mañana, pero la presión constante de la ciudadanía es clave para iniciar un verdadero cambio. Si no actuamos, seguiremos viendo cómo los recursos públicos son dilapidados, mientras las calles permanecen llenas de hoyos, los hospitales colapsan y las escuelas carecen de lo básico.

La corrupción sigue siendo un mal endémico en la República Dominicana, tanto en el pasado reciente como en el presente. Aunque se nos quiera vender la idea de que ya no existe impunidad, la realidad es que los mecanismos de corrupción han mutado, pero no han desaparecido. El pueblo dominicano no debe conformarse con cambios cosméticos, sino exigir reformas profundas que garanticen la transparencia y la justicia. Porque de lo contrario, seguiremos cayendo en el mismo ciclo de promesas vacías y desfalcos impunes.

Por: Melvin Sena, (Director ejecitivo de Hackeandoelsistema.net).

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