La crisis de Haití no es solo el resultado de la inestabilidad interna o la falta de gobernabilidad, sino de una serie de intereses internacionales orquestados por ONG, lobistas y el gobierno de Estados Unidos. Para entender la situación actual de Haití y el impacto que tiene en la República Dominicana, es necesario revisar los antecedentes históricos, en particular, lo ocurrido tras el devastador terremoto de 2010, cuando la comunidad internacional recaudó miles de millones de dólares bajo la bandera de la «ayuda humanitaria».
La recaudación tras el terremoto en Haití de 2010
El terremoto del 12 de enero de 2010 dejó a Haití en ruinas, con una cifra estimada de más de 230,000 muertos, cientos de miles de personas heridas y alrededor de 1.5 millones de personas desplazadas. La respuesta internacional fue masiva: gobiernos, organizaciones no gubernamentales (ONG), y personalidades de todo el mundo prometieron ayuda financiera y material.
Se estima que, para finales de 2011, se habían comprometido más de 13,500 millones de dólares en ayuda para la reconstrucción de Haití. Sin embargo, una gran parte de esos fondos no llegó al pueblo haitiano ni se tradujo en mejoras sustanciales en las condiciones de vida del país. El 70% de los fondos fueron manejados por organizaciones extranjeras y contratistas privados, dejando solo una pequeña fracción en manos del gobierno haitiano para proyectos locales.
¿Dónde fue a parar el dinero?
Un informe del Senado de Estados Unidos reveló que solo el 2.3% de los fondos de ayuda de EE. UU. llegaron directamente al gobierno haitiano, mientras que el resto fue canalizado a través de empresas y ONG extranjeras, que impusieron sus propias prioridades y limitaciones. Organizaciones como la Cruz Roja recaudaron cientos de millones de dólares, pero sus proyectos en Haití no produjeron resultados tangibles. La Cruz Roja, por ejemplo, fue criticada por gastar 500 millones de dólares en un proyecto que prometía construir viviendas para 130,000 personas, pero que al final solo construyó seis casas.
Otro caso revelador es el de USAID, la agencia de desarrollo de los Estados Unidos, que también se encargó de manejar gran parte de los fondos. Buena parte del dinero se destinó a contratistas estadounidenses que implementaron proyectos ineficientes o poco transparentes, generando críticas por la falta de rendición de cuentas.
Un mecanismo repetido en 2024
Hoy en día, la situación de Haití no ha mejorado significativamente desde entonces. Las mismas ONG, lobistas y gobiernos que participaron en la recaudación de fondos tras el terremoto están nuevamente detrás de los esfuerzos «humanitarios» para estabilizar Haití, en un contexto de crisis política y social que incluye la presencia de bandas armadas que dominan gran parte del país.
La diferencia es que, en esta ocasión, además de las recaudaciones, se ha solicitado una intervención internacional, con promesas de pacificación y reconstrucción. Sin embargo, muchos analistas sospechan que este nuevo ciclo de donaciones será una repetición del 2010, con fondos desviados hacia empresas privadas y ONG, en lugar de beneficiar directamente al pueblo haitiano.
El impacto en la República Dominicana
La República Dominicana, que comparte la isla con Haití, ha sido gravemente afectada por esta inestabilidad. Desde hace años, ha sufrido las consecuencias de la inmigración irregular masiva, que ha desbordado los servicios públicos y ha generado tensiones sociales. La frontera dominico-haitiana es porosa y vulnerable, y el flujo constante de inmigrantes haitianos hacia el territorio dominicano es, en parte, una consecuencia directa de la incapacidad del gobierno haitiano para proveer estabilidad y oportunidades en su país.
Mientras las potencias internacionales, bajo el paraguas de la ONU (influenciada fuertemente por Estados Unidos), promueven iniciativas de «paz» y «ayuda», la República Dominicana termina pagando los platos rotos. El gobierno dominicano, a pesar de tener un rol limitado en la situación interna de Haití, ha sido presionado para acoger inmigrantes y cumplir con las normativas internacionales, muchas de ellas dictadas por organizaciones que no ofrecen soluciones reales.
El presidente dominicano, Luis Abinader, ha mostrado una cercanía a la ONU y a Estados Unidos, lo que ha generado críticas sobre su postura frente a la crisis migratoria.
Se percibe que su administración es «incondicional» a los intereses de estas potencias, lo que coloca a la República Dominicana en una posición difícil, donde se le exige asumir una carga que no le corresponde, mientras los recursos destinados a Haití siguen siendo manejados por actores externos con intereses económicos.
La situación de Haití no es accidental ni producto exclusivo de la debilidad interna del país. Es un ejemplo claro de cómo las ONG, los lobistas y el gobierno de Estados Unidos han utilizado la crisis para obtener beneficios económicos y políticos, bajo el disfraz de la ayuda humanitaria. En este ciclo repetido, los fondos recaudados rara vez llegan a donde más se necesitan, mientras que la República Dominicana se ve obligada a lidiar con las consecuencias de una crisis que no ha causado. Es hora de reevaluar las estrategias de «ayuda» internacional y de exigir transparencia y rendición de cuentas, tanto para el bienestar de Haití como para aliviar la presión sobre la República Dominicana.
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