Danilo Medina cuestiona a Abinader por Obras infladas, sobrecostos que también marcaron su gobierno y el de Leonel Fernández

Cuando Danilo Medina exige al gobierno de Luis Abinader que explique por qué las obras públicas se sobrevaloran y multiplican su costo original, omite un detalle esencial que la memoria colectiva no pasa por alto: tanto su gestión como la de Leonel Fernández estuvieron marcadas por el mismo patrón de sobrecostos, adendas y proyectos inflados. En ese contexto, el reclamo pierde autoridad moral y se convierte en un reflejo del ciclo político dominicano, donde quienes ayer administraron presupuestos abultados sin explicaciones convincentes, hoy se presentan como fiscales de prácticas que ellos mismos normalizaron cuando detentaban el poder.

En la República Dominicana, cada vez que un gobierno denuncia los presuntos excesos del anterior, revive una sensación profundamente arraigada en la ciudadanía: la idea de que, sin importar quién gobierne, los fondos públicos terminan diluyéndose entre sobrecostos, adendas y obras inconclusas.

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Las recientes declaraciones del expresidente Danilo Medina, en las que exige explicaciones por el aumento del costo de la presa de Monte Grande —que habría pasado de US$249 millones a más de US$800 millones—, reabren un debate que va mucho más allá de una sola obra o de una sola administración. El cuestionamiento no es nuevo, ni exclusivo del actual gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno. Antes, el mismo reclamo se hacía contra los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y antes aún, contra otras gestiones.

Un patrón que se repite

Durante las últimas dos décadas, múltiples proyectos emblemáticos han terminado costando muy por encima de sus presupuestos iniciales. Autopistas, circunvalaciones, presas, acueductos y plantas energéticas han sido inauguradas una o varias veces, muchas de ellas sin estar completamente terminadas, mientras sus costos finales se multiplicaban.

El caso más paradigmático fue el de la constructora Odebrecht, involucrada en el escándalo Lava Jato. Investigaciones periodísticas documentaron incrementos millonarios en obras adjudicadas durante distintos gobiernos —incluyendo los de Leonel Fernández y Danilo Medina—, con aumentos que en varios casos superaron los límites establecidos por la ley dominicana. Aunque muchos procesos judiciales no concluyeron en condenas firmes, el daño a la confianza pública ya estaba hecho.

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Gobierno que llega, gobierno que acusa

El libreto se repite con precisión casi matemática:

• El gobierno entrante denuncia corrupción y despilfarro del saliente.
• Promete transparencia, eficiencia y “cambio”.
• Con el paso del tiempo, comienzan a aparecer nuevas adendas, préstamos adicionales y obras que duplican o triplican su costo original.
• La oposición —que ayer gobernaba— levanta la voz y exige explicaciones.

Para el ciudadano común, el resultado es el mismo: más deuda, más impuestos indirectos y menos confianza en las instituciones.

¿Roban todos los gobiernos?

Más que afirmar que “todos los gobiernos roban”, lo que muestran los hechos y la percepción social es algo igual de grave: ningún gobierno ha logrado romper de forma convincente con la cultura del sobrecosto, la opacidad y la impunidad. Ya sea por corrupción directa, mala planificación, improvisación técnica o falta de fiscalización real, el dinero público casi siempre termina costando mucho más de lo prometido.

Mientras las responsabilidades se diluyen entre comisiones, contratos modificados y explicaciones técnicas que pocos entienden, el país sigue atrapado en un círculo vicioso donde cambiar de partido no ha significado cambiar de prácticas.

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El verdadero desafío

El problema no es solo quién gobierna, sino cómo se gobierna. Sin consecuencias reales, sin auditorías independientes con efectos vinculantes y sin un sistema judicial que cierre los casos con claridad, cada nueva denuncia suena más a discurso político que a un compromiso genuino con la rendición de cuentas.

Al final, la presa de Monte Grande no es una excepción: es solo el capítulo más reciente de una larga historia que ha llevado a muchos dominicanos a una conclusión amarga pero persistente —que, gobierne quien gobierne, el dinero público siempre termina perdiéndose en el camino.

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