Danilo vendió Los Tres Brazos con todo y gente, y Abinader está entregando el país entero con toda sus ciudadanos
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El presidente Luis Abinader ha logrado lo que muchos temían: la cesión de soberanía de las costas dominicanas. Pese a que el Tribunal Constitucional ha avalado el acuerdo con el Reino de los Países Bajos, lo hizo con varios votos disidentes, encendiendo una polémica que está lejos de terminar. Diversas organizaciones y figuras públicas han denunciado que este pacto no solo es inconstitucional, sino también antinacional, perjudicando gravemente los intereses de la República Dominicana en el mar Caribe.
Se recuerda que durante la administración de Danilo Medina, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) vendió el sector Los Tres Brazos a la compañía Inversiones Fernández Parache & Asociados (Infepa), una empresa sin solvencia económica y bajo un esquema de precios que perjudicó al Estado. Según la acusación del Ministerio Público ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Corde comercializó parcelas valuadas en casi RD$180 millones por apenas RD$8 millones, sin realizar tasaciones ni estudios de impacto ambiental. Además, la venta, liderada por el exdirector de Corde, Leoncio Almánzar, incluyó promesas falsas de financiamiento a través de cooperativas, lo que fue calificado como estafa y desfalco a los residentes de Los Tres Brazos.
El pacto de Abinader ha sido señalado como "un error estratégico monumental" que compromete no solo territorio dominicano, sino también debilita la posición del país en futuras negociaciones con otras naciones. En esencia, el gobierno de Abinader estaría entregando una carta clave para proteger nuestra soberanía, afectando la capacidad de la República Dominicana para defender su territorio frente a otros intereses extranjeros.
Este acuerdo no solo compromete la soberanía, sino que también pone en riesgo los intereses económicos de la nación. Las zonas marítimas en cuestión no son simples extensiones de agua; representan potenciales riquezas en recursos naturales y rutas comerciales estratégicas que, bajo este acuerdo, quedarían fuera del control dominicano.
La controversia se intensificó el pasado 18 de octubre, cuando el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que, a pesar de su fallo favorable, incluyó disidencias notables. Uno de los jueces justificó su voto disidente al considerar que este pacto "es inconstitucional porque resulta desfavorable para los intereses marítimos de la nación". Señaló que el acuerdo vulnera principios básicos de soberanía de manera poco transparente, una crítica constante hacia la administración de Abinader.
Uno de los puntos más oscuros de este tratado es la falta de transparencia en su negociación. ¿Cómo es posible que un acuerdo de tal magnitud haya sido discutido y validado sin un amplio debate público? Este secretismo ha levantado sospechas sobre las verdaderas intenciones del gobierno y los beneficios que podría estar obteniendo a espaldas del pueblo dominicano.
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El hecho de que el Poder Ejecutivo todavía no haya sometido el acuerdo ante el Congreso Nacional para su ratificación indica que el gobierno de Abinader es consciente del riesgo político que esto conlleva. Pero la presión internacional y los intereses económicos parecen pesar más que la voluntad del pueblo dominicano. La pregunta que queda en el aire es: ¿A qué precio estamos dispuestos a vender nuestra soberanía?
La ratificación de este acuerdo no es un simple trámite legislativo. Es una decisión que marcará el rumbo del país en las próximas décadas. Y si el Congreso Nacional decide dar su visto bueno, la República Dominicana estará dando un paso irreversible hacia la pérdida de control sobre su propio territorio. Las costas dominicanas, que durante siglos han sido símbolo de nuestra independencia y autonomía, podrían pasar a manos extranjeras bajo la administración de un gobierno que ha demostrado, una y otra vez, su incapacidad para proteger los intereses nacionales.
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En conclusión, este pacto marítimo representa no solo una traición a la Constitución, sino también una amenaza directa a nuestra soberanía y futuro económico. El Congreso Nacional tiene la oportunidad de frenar este desastre, pero el tiempo corre y la historia no perdonará a quienes decidan entregar el país al mejor postor. La soberanía no es negociable, y la nación no debe ser vendida a intereses foráneos.
¿Hasta cuándo aguantarán? ¿Hasta cuándo este ciclo de designaciones repetitivas seguirá determinando el destino del país?
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