Personal del alcalde Dio Astacio, ha declarado que los contenedores en demasía son donaciones. Sin embargo, estas «donaciones» no han sido aprobadas por los regidores, como lo establece la ley 176-07. Este incumplimiento legal puede suscitar críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad de estas acciones, poniendo en duda la integridad del proceso y la veracidad de las declaraciones del equipo de Dio Astacio.
En un reciente debate en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), el concejal Wander Ramírez García, representante de la circunscripción tres del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha puesto en tela de juicio la procedencia de 100 contenedores que se instalarán en el municipio.
García, quien al parecer es seguidor de hackeandoelsistema.net y su director Melvin Sena, llevó a la sala capitular una de las múltiples cuestiones que Sena y su plataforma han manifestado públicamente: la transparencia en la adquisición de estos contenedores.
Durante el debate, el Regidor García preguntó al Secretario General del ASDE, Jesús Colón, sobre si estos contenedores eran de propiedad privada o si fueron adquiridos con los 280 millones de pesos aprobados en respuesta a una urgencia planteada por el alcalde. En respuesta, Colón aclaró que la mitad de estos contenedores son donaciones de empresarios interesados en abordar el problema de los desechos sólidos en la ciudad.
Sin embargo, surge una preocupación relevante: la Ley 176-07 establece que todas las donaciones deben ser aprobadas y fiscalizadas por el Concejo de Regidores para asegurar la transparencia y legalidad en su procedencia. Esta normativa es fundamental para garantizar la integridad y el correcto manejo de los recursos en el sector público.
Desconocimiento de la Ley y Falta de Transparencia
La intervención de García resalta un posible desconocimiento de las leyes por parte de algunos funcionarios, incluyendo al alcalde Dio Astacion, cuya gestión ha sido criticada por su distancia de la legalidad y su tendencia al populismo y las improvisaciones.
La falta de aprobación formal de las donaciones por parte del Concejo de Regidores, tal como requiere la Ley 176-07, es una clara violación que pone en entredicho la transparencia del ASDE.
Silencio de los Regidores
A pesar de la clara prerrogativa de los regidores para aprobar las donaciones, estos han mantenido silencio respecto a la donación de los contenedores sin la debida aprobación. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras: algunos regidores podrían estar actuando por ignorancia de la ley, mientras que otros podrían estar motivados por conveniencia económica.
Esta omisión no solo pone en riesgo la transparencia del ASDE, sino que también podría tener serias consecuencias legales. La ley es clara en cuanto a la necesidad de que todas las donaciones sean aprobadas formalmente, y la falta de acción en este sentido podría llevar a que los regidores sean requeridos por la justicia.
Urgencia de Cumplir con la Ley
La responsabilidad de hacer cumplir la ley recae directamente sobre los regidores, quienes deben tomar medidas inmediatas para corregir esta situación. Es fundamental que el ASDE actúe conforme a la ley, asegurando que todas las donaciones sean aprobadas y registradas adecuadamente para evitar futuros conflictos legales y mantener la confianza de la ciudadanía.
Melvin Sena, director de hackeandoelsistema.net, ha pedido públicamente al alcalde Dio Astacio que publique el estudio de impacto ambiental necesario antes de ejecutar la colocación de los contenedores, así como el proceso de limpieza de estos y los costos de modificación y operación, en la red social X (anteriormente Twitter).
Hasta el momento, el alcalde Dio Astacio, no ha respondido a esta solicitud. La transparencia en estos aspectos es crucial para asegurar que la instalación de los contenedores no solo sea efectiva en la gestión de desechos sólidos, sino que también sea sostenible y responsable con el medio ambiente.
Sin un estudio de impacto ambiental, se corre el riesgo de generar consecuencias negativas para el ecosistema local y la salud de los residentes. Además, la claridad sobre los costos asociados permitiría a los ciudadanos comprender mejor la eficiencia del uso de los recursos públicos y la justificación detrás de estas inversiones. La falta de respuesta del alcalde solo incrementa la desconfianza y las críticas hacia su administración, destacando la necesidad de una mayor rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública.
Cumplir con la Ley 176-07 no solo es un deber legal, sino también una obligación moral para garantizar una gestión pública transparente y responsable, si Dio conociera aunque sea un poco la ley, esto no fuera una conversación.
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