Dominicanos podemos tomar cualquier medida extrema en contra de la haitianización sin ser perseguidos por la justicia, según el Art. 75 Constitución
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La República Dominicana enfrenta una de las crisis migratorias más alarmantes de su historia reciente. La llegada masiva e incontrolada de haitianos ha generado un colapso en los servicios públicos, un aumento en la inseguridad y una amenaza directa a nuestra soberanía.
El gobierno dominicano ha dado señales de que no tomará medidas serias ni implementará funciones efectivas para detener el avance de la haitianización de la República Dominicana. Por ello, los hijos de Duarte estamos llamados a tomar acciones, ya sean legales o no, para defender en primer lugar la dominicanidad, la soberanía y el uso exclusivo de nuestros escasos y malogrados recursos. El gobierno dominicano parece interesado solo en generar titulares, pero no en emprender acciones concretas que reflejen una verdadera disminución de la presencia haitiana en nuestro territorio.
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A pesar de los constantes anuncios mediáticos, el gobierno ha demostrado que no está dispuesto a tomar las medidas necesarias para frenar esta situación. Mientras tanto, los dominicanos vemos cómo nuestro país es absorbido por una ocupación silenciosa que avanza sin resistencia.
Ante esta realidad, no queda otra opción que aplicar el Artículo 75 de la Constitución, que establece los deberes fundamentales de cada ciudadano. En su numeral 12, nos impone la obligación de:
“Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto al patrimonio cultural y la defensa de la soberanía.”
Esto significa que la defensa de la nación no es solo responsabilidad del Estado, sino un deber constitucional de cada dominicano.
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Las Señales de Inacción del Gobierno de la República Dominicana
El gobierno ha enviado señales claras de que no aplicará las soluciones necesarias. Ejemplos sobran:
- Hospitales desbordados: En la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, más del 50% de las parturientas son haitianas, colapsando el sistema de salud y desplazando a dominicanas.
- Fronteras permeables: A pesar de los anuncios de cierre fronterizo, la realidad es que el tráfico de ilegales continúa sin control.
- Debilidad institucional: La Dirección General de Migración y el CESFRONT han demostrado incapacidad (o falta de voluntad) para enfrentar el problema con determinación.
- Uso político del tema: Se anuncian operativos y medidas solo cuando hay presión pública, pero los resultados son inexistentes.
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El Camino es la Acción Ciudadana
Si el gobierno no actúa, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de hacerlo dentro del marco legal. Esto implica:
- Denunciar irregularidades migratorias ante las autoridades.
- Exigir el cumplimiento de las leyes migratorias mediante presión ciudadana organizada.
- No apoyar negocios que operan con mano de obra irregular en detrimento del trabajador dominicano.
- Fortalecer nuestra identidad y valores nacionales, promoviendo una cultura de respeto a la soberanía.
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No se trata de odio ni racismo. Se trata de soberanía y legalidad. Un país sin control de sus fronteras pierde su identidad y su futuro.
El Artículo 3 de la Constitución es claro:
“La soberanía de la Nación Dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable.”
Si el gobierno no la defiende, nos corresponde a nosotros hacerlo. ¡Es nuestro derecho y nuestro deber!
Cabe mencionar que el problema de la haitianización alcanzó su auge a partir de 1996, durante el primer gobierno de Leonel Fernández. Posteriormente, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader —este último más que los demás y pese a ser quien más prometió detener la migración haitiana cuando era candidato— han contribuido con su grano de arena para que, cada día, los haitianos se sientan más cómodos en nuestro territorio.
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