EE. UU. y China chocan tras la clausura de una fábrica ilegal en República Dominicana
La intervención oficial a una industria de cartón en San Antonio de Guerra desató un intercambio diplomático entre Washington y Pekín. Mientras autoridades estadounidenses respaldaron los controles, la misión china denunció manipulación política.
La reciente paralización de operaciones de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra generó un cruce de posturas diplomáticas entre las embajadas de Estados Unidos y China en la República Dominicana, en medio de una serie de fiscalizaciones estatales contra establecimientos que operan al margen de la ley.
El respaldo estadounidense a las inspecciones
Representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos expresaron públicamente su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano. Desde la delegación norteamericana se enfatizó que el fortalecimiento del entorno comercial requiere transparencia, competencia justa y estricto apego al ordenamiento legal para evitar desventajas frente a las empresas debidamente formalizadas.
Entre las anomalías detectadas en la planta intervenida figuraron:
- Inexistencia de permisos comerciales y de uso de suelo.
- Depósitos clandestinos de combustible con miles de litros retenidos.
- Violaciones a las normativas de edificación y construcción.
- Irregularidades en la contratación de personal extranjero.
Reacción diplomática de China y reclamos del sector privado
Por su parte, la Embajada de China en la República Dominicana cuestionó las declaraciones de los funcionarios estadounidenses, calificándolas como un intento de injerencia en asuntos internos y de estigmatización hacia la comunidad empresarial de su país. La representación asiática sostuvo que la mayoría de sus inversionistas opera conforme a la ley y aporta al desarrollo económico local, rechazando que faltas individuales afecten la reputación de todo su sector.
Entretanto, gremios empresariales dominicanos han manifestado preocupación por la competencia desleal que representan las industrias que omiten costos tributarios, laborales y de seguridad. En respuesta a estas inquietudes, diversas instituciones estatales han intensificado las inspecciones en comercios y plazas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones vigentes.
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