El Censo de Abinader que costó RD$3,600 millones y aún estamos esperando los resultados a más de 2 años

En noviembre de 2022, el gobierno de Luis Abinader llevó a cabo el X Censo Nacional de Población y Vivienda. Dos años después, no tenemos datos definitivos, ni respuestas claras a las preguntas más básicas:
¿Cuántos dominicanos somos? ¿Cuántos haitianos viven en el país? ¿Cómo ha cambiado la población por municipio, etnia o clase social?

Y esto no fue cualquier censo.

Tuvo un costo estimado de RD$3,600 millones, lo que equivale a aproximadamente US$644.6 millones al tipo de cambio de ese momento. Estamos hablando de una de las “inversiones” más altas de la historia nacional en materia estadística, pero también de una de las más oscuras, inútiles y vergonzosas. El gobierno del presidente Abinader, tiró ese dinero a la basura… o simplemente se lo robó. No hay otra forma de llamarlo.

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La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) apenas ha sacado un “Volumen I” con generalidades recicladas que no dicen nada sustancial. Los datos más sensibles —como la cantidad real de población extranjera o la distribución poblacional por etnias y zonas urbanas— siguen ocultos. Peor aún, no hay cronograma claro ni justificación oficial creíble para esa opacidad.

¿Y los medios tradicionales? Silencio total.

Los mismos periódicos, canales y emisoras que hicieron campaña a favor del censo con dinero público hoy se hacen los locos.

No cuestionan, no investigan, no denuncian. Están demasiado ocupados tratando de censurar las plataformas digitales, con el presidente Abinader, porque ya no pueden controlar la narrativa ni callar las voces críticas que se levantan en redes sociales.

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Este censo debía ser una herramienta de planificación nacional, pero se ha convertido en un acto de corrupción técnica e institucional. No solo por la falta de resultados, sino por el descaro con que se ha manejado todo el proceso: ocultamiento, falta de transparencia, y un derroche de dinero público que clama por una auditoría independiente y responsable.

En cualquier país serio, un desastre como este provocaría renuncias, investigaciones y sanciones. Aquí, lo normal es que pase como si nada. Y mientras tanto, nos siguen robando en silencio, bajo el disfraz de modernidad y eficiencia.

Este censo no es solo un fracaso; es una burla al pueblo dominicano. Y lo vamos a recordar. Porque en este país, ya no se calla lo que antes se barría debajo de la alfombra.

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Además, el desastre del censo no solo se refleja en la falta de resultados, sino también en el comportamiento de sus principales responsables. Miosotis Rivas Peña, exdirectora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), y Pavel Isa Contreras, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, renunciaron sin dar la cara, sin ofrecer explicaciones claras al país ni asumir responsabilidad por el fracaso más costoso en materia estadística de nuestra historia. Ambos abandonaron sus cargos dejando un silencio aún más inquietante que los propios datos que nunca llegaron. ¿Renunciaron por presión? ¿Por vergüenza? ¿O simplemente se fueron con las manos llenas y los bolsillos tranquilos? Nadie lo sabe, porque nadie ha dicho nada.

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