En República Dominicana, actualmente hay una agenda clara que apunta hacia dos temas principales: la cuestión haitiana y los derechos de las comunidades LGTB. No parece ser una coincidencia lo que está ocurriendo hoy en el país.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe anual, reiterando las mismas acusaciones de siempre: niveles de xenofobia contra los haitianos y ostracismo hacia ciertos dominicanos (infundadas por demás).
El informe de la Comisión coincide con la visita de dos funcionarios estadounidenses que revisan asuntos laborales en República Dominicana y promueven la inclusión de grupos marginados.
La representante especial para asuntos laborales internacionales del Departamento de Estado, Rodríguez, está en el país para una agenda de cuatro días, abordando temas relacionados con los derechos de los trabajadores dominicanos. Sin embargo, ¿por qué Estados Unidos, siendo un país igual que nosotros, debería intervenir en nuestros asuntos laborales?
Rodríguez está acompañada por la administradora adjunta del Centro de Igualdad de Género y Empoderamiento Femenino, quien también promueve los derechos de los grupos LGTB y otras minorías. En el contexto de República Dominicana, las minorías se refieren principalmente a los haitianos.
La promoción de derechos de estas comunidades parece ser una estrategia bien orquestada por USAID para influir en nuestra política interna.
La situación de los haitianos en República Dominicana es un tema complejo. El derecho a la nacionalidad es un derecho administrado como cualquier otro, como el derecho a la educación. En nuestro país, para revocar este derecho, se necesita una justificación mucho mayor que la simple ilegalidad.
El derecho a la nacionalidad no se revoca simplemente porque una persona no está regularizada. Un niño nacido en territorio dominicano de padres en condición legal tiene derecho a la nacionalidad dominicana.
La Comisión Interamericana sostiene que en República Dominicana se limitan los derechos a la nacionalidad, pero esto no es cierto.
La situación de los partos en clínicas y hospitales del país es un claro ejemplo: en 2023, de 24,000 partos, un 35% correspondió a mujeres haitianas. La realidad es que nuestro sistema de salud está atendiendo a una gran cantidad de embarazadas haitianas, lo que desmonta cualquier argumento de discriminación sistemática.
En conclusión, República Dominicana no puede aceptar ningún chantaje de organismos internacionales ni de representantes extranjeros que buscan imponer una agenda específica en nuestro país.
La soberanía nacional debe prevalecer sobre cualquier intento de intervención extranjera. Es imperativo que nuestros derechos y políticas internas sean decididos por los dominicanos, sin injerencias externas.
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