
El gobierno de Luis Abinader y su visión equivocada
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Esta semana hablaremos sobre una visión y una decisión que consideramos equivocada por parte del gobierno del presidente Luis Abinader.
Se trata de algo que podríamos llamar un crimen administrativo de Estado. Resulta que en este gobierno de Luis Abinader, se designó a la Dra. Mirian German Brito como procuradora general de la República, quien, junto con su equipo de subdirectores, asistentes y asesores para este período de gestión, ha incurrido en una falta grave y abusiva en la toma de decisiones en la administración pública.
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Esto se debe a que, por orden de la Procuraduría General de la República, varios edificios construidos y entregados en perfectas condiciones a la procuraduría en esta gestión están siendo deteriorados por falta de uso. Estas construcciones, realizadas por el Estado y recibidas por la propia procuraduría en su mayoría como obras bien construidas y terminadas, incluyen la nueva cárcel conocida como "Las Parras", ubicada en las afueras del municipio de Guerra.
En esta construcción, se edificaron varios edificios destinados a albergar a los privados de libertad en todo el territorio nacional y para descongestionar la cárcel de La Victoria, la cual ya no cuenta con las mínimas condiciones para albergar a los reclusos.
La decisión tomada por esta gestión de justicia de no poner en funcionamiento estas obras ha generado muchos cuestionamientos sobre cuál debería ser el curso de acción.
Todo esto se debe a una visión equivocada de quienes actualmente administran el Estado dominicano (Luis Abinader).

¿Cómo es posible que obras realizadas, listas y entregadas no sean utilizadas por aquellos que las mandaron a construir? ¿Cómo es posible que exista una mentalidad tan equivocada que prefiera que estos edificios se deterioren por no ponerlos en funcionamiento?
Algunos piensan que se trata de hacer de estas obras un asunto político, mientras que otros creen que se debe a la falta de continuidad del Estado y a una visión equivocada de la administración pública. Si ya se realizaron auditorías y se determinó que los edificios están bien construidos y fueron recibidos por el Estado dominicano, ¿por qué no se ponen en funcionamiento?.
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¿Cuál es el propósito de este deterioro de los recursos del Estado? Cada día que pasa, estas obras se deterioran más sin consecuencias. Todas estas construcciones fueron realizadas con los recursos de todos los dominicanos. ¿Cuál es la finalidad que tiene este gobierno para esas obras terminadas y entregadas pero que no se utilizan?
La denuncia hecha por Roberto Santana, sobre el hecho de que estos edificios no están funcionando porque la procuradora y su equipo no quieren que funcionen, podría llevar a posibles acciones legales en el futuro.
Su deterioro se debe a la negligencia y negativa de una autoridad, no a la construcción de la obra. Además, si añadimos la denuncia de Roberto Santana de que al administrador de la cárcel de La Victoria se le pagan 7 millones de pesos semanales por concepto de sobornos a narcotraficantes que operan en La Victoria y a dueños de negocios que operan en esta recinto carcelario, es evidente que el presidente Luis Abinader debe actuar de inmediato sobre esta denuncia.
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Si en este país se cobrara a los funcionarios públicos por la ineficiencia y las pérdidas que ocasionan al Estado, otro panorama se presentaría en la administración pública. Derrochar una cantidad tan grande de dinero de esta manera es lamentable y clama al cielo.
Estamos seguros de que la publicación de este artículo en relación a esta obra y su recuperación y reconstrucción costará casi lo mismo que su construcción original debido al tiempo de deterioro que ha transcurrido.
¿Cómo es posible que exista una obstinación administrativa tan inflexible y carente de visión sobre cómo funciona una obra de esta magnitud, valorada en más de 6 mil millones de pesos? ¿Cómo permite el presidente Luis Abinader que esto ocurra en su gobierno?
Las obras que fueron construidas y/o están en proceso de terminación deben ponerse en funcionamiento según decisiones administrativas. La cárcel de Las Parras en Guerra debe comenzar a operar. Los miles de millones de pesos invertidos en su construcción no pueden perderse por negligencias. Si los costos ya fueron auditados y se determinó que están en orden, ¿por qué se permite este abuso de permitir que se deterioren por falta de uso?
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Hemos escuchado los reclamos de los funcionarios encargados de recibir estas obras, quienes piden al gobierno de Luis Abinader que ponga en funcionamiento los edificios que están listos y preparados para ser utilizados.
De lo contrario, si continúan sin uso, seguirán deteriorándose y se perderá prácticamente toda la inversión realizada en dichas obras. Estamos hablando de miles de millones de pesos que parecen no importarle al gobierno ni a la procuraduría que se deterioren.
La lucha contra la corrupción debe ser efectiva, precisa y correcta, pero no debe ser abusiva ni negligente. Mucho menos se debe perjudicar al país y a sus ciudadanos en nombre de esa lucha. Tanto los actos de corrupción de quienes ordenaron la construcción como la negligencia de los funcionarios que permiten que se deterioren constituyen corrupción, tanto por acción como por omisión.
Por: Domingo Plácido
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