En la República Dominicana, nos enfrentamos a una situación alarmante en la que el presidente Luis Abinader y su gobierno parecen gobernar exclusivamente en beneficio de ellos mismos y de la élite empresarial, tanto a nivel nacional como extranjera.
Esta tendencia corrupta y degenerada ha llevado a una serie de instituciones y funcionarios públicos a actuar en contra de los intereses del pueblo dominicano como lo hizo el PLD en sus 8 periodos seguidos.
El Congreso, en su mayoría, se ha convertido en un mero títere del presidente Abinader, siguiendo sus órdenes sin cuestionar ni siquiera leen los proyectos que envía el ejecutivo al congreso y menos velan por el bienestar de la población.
Son pocas las excepciones en las que los legisladores defienden los intereses y derechos de los ciudadanos.
La Superintendencia de Pensiones ha demostrado estar más interesada en proteger a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que en garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores mal pagados dominicanos. Esta situación ha generado un sentimiento de injusticia y desprotección para aquellos que confían en su jubilación.
El Ministro de Energía y Minas parece estar alineado con los vendedores de combustible y los productores de electricidad, ignorando las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos en términos de acceso a una energía asequible y sostenible. Esta falta de compromiso con el bienestar del pueblo es alarmante y muestra una clara falta de representación.
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En cuanto al Ministro de Relaciones Exteriores, su agenda parece no estar alineada con los intereses y necesidades del país. En lugar de proteger los intereses nacionales, parece actuar bajo una agenda que responde a otros intereses a los intereses de los haitianos, lo cual es preocupante para nuestra soberanía y relaciones internacionales.
Además, la Dirección de Asociaciones Público-Privadas (APP) muestra una tendencia desmedida hacia la privatización en favor de la élite empresarial. Esta política insensible e inhumana va en detrimento de los derechos y necesidades de la población, beneficiando únicamente a unos pocos privilegiados.
Finalmente, la figura del Defensor del Pueblo se cuestiona en cuanto a su existencia real y efectiva. Ante las preocupaciones y demandas del pueblo, la ausencia de una voz fuerte y defensora de los derechos ciudadanos es desconcertante.
El 69% considere que solo los ricos se benefician del crecimiento de la economía segun la encuesta Gallup.
El poder desviado de Luis Abinader y la falta de representación efectiva en la República Dominicana han llevado a un gobierno que actúa en beneficio propio y de la élite empresarial, descuidando las necesidades y derechos de la población.
Es fundamental que los ciudadanos estén alerta y exijan un cambio real en la forma en que se gobierna, promoviendo una administración que trabaje en beneficio de todos y no solo de unos pocos privilegiados.
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