Empresarios dominicanos y ahora Luis Abinader: los verdaderos arquitectos del desorden migratorio de los Haitianos

Mientras el país observa con atención espectáculos mediáticos como el “caso Jet Set”, en los salones discretos del poder se fraguan acuerdos de gran impacto para el presente y futuro del mercado laboral dominicano. En un movimiento cada vez más evidente, el gobierno de Luis Abinader negocia con los grandes empresarios del cemento, la agricultura y la construcción un pacto que legalice —por la puerta trasera— la mano de obra haitiana ilegal.

Esclavitud moderna con rostro empresarial

Durante años, el discurso político ha criminalizado al inmigrante haitiano ilegal, culpándolo del desorden, el desempleo y la sobrecarga en los servicios públicos.

Pero pocas veces se apunta hacia los verdaderos promotores y beneficiarios del fenómeno: los grandes empresarios dominicanos y ahora el presidente de la republica dominicana Luis Abinader, con su mano floja.

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Estos grupos económicos no solo dependen de la mano de obra barata e indocumentada para maximizar sus beneficios, sino que activamente presionan al Estado para garantizar que esa “fuerza laboral” no desaparezca. Para ellos, no hay crisis migratoria, hay negocio migratorio. No hay necesidad de una reforma migratoria transparente, sino de mecanismos “flexibles” que les permitan seguir explotando trabajadores sin regulación ni responsabilidad.

Negocios por encima de la soberanía

En múltiples reportajes y estudios se ha documentado cómo los ingenieros, constructores, productores de arroz, banano y azúcar reclutan masivamente a haitianos indocumentados para mantener bajos sus costos. Según el informe del Instituto Nacional de Migración (2022), más del 70% de los obreros en construcción y más del 80% de los jornaleros agrícolas son de origen haitiano, en su mayoría sin papeles.

Los empresarios no solo se benefician de esta realidad, sino que muchas veces obstaculizan los operativos de Migración, argumentando que sin los haitianos “la economía se paraliza”. Esta narrativa ha sido acogida por el gobierno, que prefiere complacer al sector privado antes que proteger el mercado laboral dominicano o hacer cumplir sus propias leyes.

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Un gobierno al servicio del capital

El gobierno de Luis Abinader ha sido complaciente con este esquema.

Ha creado programas de regularización que, en la práctica, benefician más a los empleadores que a los trabajadores. Se anuncian “mesas de trabajo” entre empresarios y autoridades migratorias, pero no hay transparencia, ni participación ciudadana, ni consulta al Congreso Nacional.

La ilegalidad se institucionaliza bajo el disfraz de “ordenamiento”, pero lo que se está construyendo es una legalización de facto de la esclavitud moderna. Los empresarios dominicanos pueden dormir tranquilos: el Estado los protege, les facilita la vida, y hasta les limpia la conciencia.

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¿Y el pueblo dominicano?

Quienes pagan el precio de este acuerdo silencioso son los trabajadores dominicanos que ven sus salarios deprimidos, sus oportunidades reducidas, y sus comunidades desbordadas. La competencia desleal entre obreros legales e ilegales no solo precariza el empleo, sino que erosiona la cohesión social, eleva la tensión en los barrios, y siembra resentimiento entre pueblos que comparten una historia dolorosa.

No se trata de xenofobia ni de negar los derechos humanos a los migrantes. Se trata de enfrentar una verdad incómoda: los empresarios dominicanos son los principales promotores del caos migratorio, y lo hacen con la complicidad activa del gobierno. La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién gobierna realmente en la República Dominicana, el pueblo o los dueños del cemento?

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