En el análisis de la actual crisis educativa en la República Dominicana, es común centrarse en la figura del ministro de Educación, Ángel Hernández, y pedir su destitución como solución inmediata a los problemas del sector. Sin embargo, esta mirada limitada nos impide ver más allá de la curva, donde se esconde la verdadera fuente del deterioro que enfrentamos que es la vice presidenta de la República Raquel Peña, que solo esta para garantizar los intereses de un grupo empresarial que ella representa en el gobierno.

Es innegable que el ministro de Educación tiene una responsabilidad pública y directa en la gestión del sistema educativo, pero no podemos ignorar que detrás de él opera una mano oscura, la cual ha manipulado y conspirado para garantizar el control absoluto del ministerio.

Esta mano es la misma que orquestó la salida de Roberto Fulcar, compañero de lucha y amigo cercano del presidente Abinader, para abrir paso a un títere que responde a intereses ajenos a la educación de nuestros niños.

La artífice de esta maniobra no es otra que la vicepresidenta Raquel Peña. Bajo su influencia, el Ministerio de Educación ha sido controlado para servir a los intereses de ciertos empresarios, quienes ven en esta institución un medio para proteger sus beneficios económicos, sin importarles el bienestar educativo de las futuras generaciones dominicanas.

Raquel Peña ha utilizado su poder para colocar a personas leales a su agenda, asegurando así que el ministerio, que maneja uno de los presupuestos más altos del país, responda a sus propios intereses. Esta situación ha dejado la educación dominicana en un estado deplorable, donde los intereses económicos y políticos prevalecen sobre el derecho de los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad.

Por lo tanto, mientras seguimos exigiendo la destitución de Ángel Hernández, debemos también dirigir nuestra atención hacia la verdadera responsable de este desastre. Raquel Peña debe rendir cuentas por sus acciones, que no solo han debilitado el sistema educativo, sino que también han socavado la confianza en las instituciones públicas.

El país merece un cambio profundo en la gestión educativa, uno que priorice la educación sobre los intereses particulares y devuelva la esperanza a millones de estudiantes y familias dominicanas.

Es hora de que el pueblo dominicano reconozca quién está realmente detrás de la crisis educativa y exija una rendición de cuentas transparente y justa. Solo así podremos comenzar a reconstruir un sistema educativo que verdaderamente sirva a todos los ciudadanos, sin favoritismos ni agendas ocultas.

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