Mientras se mira al espejo con los ojos enrojecidos, el Tío Sam sigue dictando cátedra sobre moral internacional, apuntando con el dedo tembloroso a los países productores de drogas —porque, claro, alguien tiene que cargar con la culpa del desastre que él mismo ha creado en casa. Durante décadas, Estados Unidos ha jugado a ser el policía del mundo… un policía con síndrome de abstinencia, escondiendo las jeringas debajo del uniforme y exigiendo a otros que limpien el desastre que él no quiere enfrentar. La “guerra contra las drogas” ha sido, en realidad, una guerra contra los pobres, los latinoamericanos, los afganos, los campesinos y los gobiernos incómodos. Porque lo que en verdad molesta no es la droga, sino quién tiene el control sobre ella.

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El origen del problema está en casa (pero nadie lo diga muy alto)

La verdad es simple y brutal: Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas ilícitas del planeta.

Según la UNODC, solo en 2022 EE. UU. concentró el 25% del consumo mundial de cocaína, a pesar de tener apenas el 4.8% de la población global. En ese mismo país, 24.6 millones de personas reportaron consumo de drogas ilícitas en solo un mes, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Uso de Drogas y Salud (NSDUH, 2021).

Desde el fentanilo que mata silenciosamente en los suburbios blancos hasta la cocaína en las fiestas privadas de los millonarios, la demanda no solo existe: es la que sostiene todo el mercado global.

Pero en lugar de reconocer esto, el gobierno estadounidense levanta sanciones, señala con el dedo, y criminaliza a los países productores, mientras ignora el incendio que arde en su propio sótano.

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Una crisis sanitaria maquillada como guerra moral

Estados Unidos no solo consume más droga que nadie: también está fallando estrepitosamente en tratar a sus adictos.

En 2021, murieron más de 107,000 personas por sobredosis, y en 2022 la cifra superó las 110,000, de las cuales más del 66% involucraron opioides sintéticos como el fentanilo (CDC). Sin embargo, el sistema no responde. Según el NIDA, solo el 11.2% de quienes necesitan tratamiento por abuso de sustancias lo reciben.

Mientras tanto, los hospitales lidian con un aumento del 30% en internamientos relacionados con opioides entre 2016 y 2022 (KFF). Estados Unidos está enfermo, muy enfermo, pero prefiere culpar al cocalero colombiano que invertir en centros de salud.

Además, la ilegalidad de las drogas no es más que una construcción geopolítica que favorece a Estados Unidos. La droga es ilegal solo porque se produce fuera de sus fronteras; si los grandes carteles o incluso el propio Estado estadounidense controlaran su producción dentro del país, seguramente la legalizarían y regularían para mantener un monopolio absoluto del mercado global.

Así como ocurre con otros productos altamente lucrativos, la prohibición sirve para conservar el poder y las ganancias en manos de quienes dictan las reglas internacionales, castigando a quienes solo cultivan para sobrevivir y condenando a millones a la clandestinidad. La prohibición es, en esencia, un instrumento de control y exclusión, no un mecanismo efectivo para frenar el consumo ni el comercio.

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¿Y si mañana se detuviera el flujo de drogas?

Pensemos lo impensable: que se cerraran las rutas de cocaína desde Colombia, que México cortara el suministro de heroína, o que China dejara de exportar precursores químicos. Lejos de ser un alivio para EE. UU., sería una catástrofe.

Un informe de la RAND Corporation advierte que un corte abrupto en el suministro provocaría:

• Una explosión en la violencia callejera por sustitutos caseros y mercado negro.
• Hospitales colapsados por sobredosis y crisis de abstinencia.
• Caos social por la retirada forzada de millones de consumidores.

El problema nunca fue la oferta, el problema es que el país con más poder en el mundo es adicto… y no quiere reconocerlo.

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La guerra contra las drogas: una guerra contra los otros

La “guerra contra las drogas” ha dejado más de 500,000 muertos en América Latina, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. Pero esos cadáveres no están en Ohio o California. Están en México, Colombia, Honduras, Brasil, víctimas de políticas que priorizan la represión sobre la rehabilitación.

Estados Unidos no solo presiona con sanciones y listas negras, también reparte cooperación según conveniencia: aplaude a aliados como Colombia y castiga a gobiernos incómodos como Bolivia o Venezuela.

Y mientras tanto, los campesinos en el Putumayo, que producen el 70% de la coca bajo amenaza de grupos armados, son tratados como enemigos del sistema. No hay alternativa, no hay justicia, no hay desarrollo rural. Solo erradicación y hambre.

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Doble moral en estado puro

Un país que consume un cuarto de la cocaína mundial no puede dar sermones.
Un país con más de 100 mil muertes por sobredosis al año no puede seguir dictando quién es un “narcoestado”.
Un país que ha gastado 700 mil millones de dólares en la guerra contra las drogas desde los años 70

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