Evangélicos piden a Abinader objetar el Código Penal si es aprobado

La dirigencia nacional de la comunidad evangélica envió una carta pública al presidente de la República, Luis Abinader, declarando que no se debe aprobar el Código Penal.

Esto, considerando que pondría en peligro a la familia dominicana y atentaría contra la democracia.

El documento pide al presidente que, si se aprueba el Código Penal tal como está, debe objetarlo.

Porque, “en primer lugar, contiene vicios en el proceso que violan lo establecido en la Constitución”.

“Segundo, trata de imponer la ideología de género, que es muy dañina para la familia y amenaza el futuro de la nación”, dijo en un comunicado.

Los firmantes enfatizan que como representantes de la iglesia en el país, no están determinando si alguna persona es discriminada.
Indican que valoran el hecho de que el país cuente con una Constitución que garantiza que ningún dominicano sea discriminado por ningún motivo o condición social o personal (Art. 39).

Sin embargo, destacan que se ha insistido en introducir en el Código la denominada “orientación sexual” como una nueva categoría de discriminación.

Afirman que el rechazo de la introducción de tal concepto se basa principalmente en el hecho de que la categoría de "orientación sexual" carece de una base racional.

El comunicado enviado al Presidente, que fue entregado a los medios de comunicación en conferencia de prensa, destaca claramente el siguiente texto en uno de los párrafos:

“La evidencia muestra que este tipo de legislación, en lugar de proteger a las personas vulnerables, lo que hace es otorgar privilegios a ciertos grupos. Violar los derechos y libertades fundamentales de la mayoría de los ciudadanos. " Advierten que este tipo de leyes violan los derechos de los padres que se oponen al adoctrinamiento de sus hijos.

Y que también se restringen las libertades a comunicadores, docentes, médicos y profesionales de toda índole.

Además, dan lugar a la vulneración de la libertad de empresa. Esto se debe a que surgen y se multiplican las demandas contra artistas, empresarios, empresas e instituciones que intentan gestionar sus operaciones respetando sus propios principios.

“Esto se convertiría en una violación a la libertad de conciencia”, señalaron.