Exigimos al INTRANT acciones urgentes para frenar el transporte ilegal en moto-taxis por haitianos en zonas turísticas
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La presencia de conductores haitianos ilegales operando moto-taxis sin licencia, seguro ni permiso oficial en las zonas turísticas de Punta Cana y Bávaro se ha convertido en un problema crítico que pone en riesgo tanto la seguridad de los turistas como la reputación internacional de la República Dominicana. A pesar de que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) ha realizado algunos operativos recientes para detener esta práctica ilegal, es urgente intensificar estos esfuerzos en coordinación con la Dirección General de Migración para proteger uno de los pilares de la economía dominicana: el turismo.
La urgencia de operativos coordinados
Solicitamos al director del INTRANT, Milton Morrison, que lleve a cabo acciones inmediatas y coordinadas con la Dirección General de Migración para detener esta peligrosa y creciente actividad.
Los haitianos ilegales que operan moto-taxis no solo violan las leyes de tránsito y migración, sino que ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos y visitantes en estas zonas estratégicas. Estos conductores no cumplen con los requisitos básicos para operar en el país, como licencias de conducir, seguros de responsabilidad civil y permisos del INTRANT, lo que supone un riesgo inminente en las carreteras.
El impacto en la imagen del país y el turismo
La situación se agrava aún más cuando consideramos el posible impacto de un accidente causado por uno de estos conductores ilegales, especialmente si involucra a un turista. Un accidente de esta naturaleza no solo podría llevar a daños físicos o incluso la pérdida de vidas, sino que también afectaría gravemente la reputación del país como destino seguro. En un mercado turístico altamente competitivo, un incidente de esta magnitud podría ser utilizado en contra de República Dominicana, afectando la confianza de los turistas y reduciendo el número de visitantes.
El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de la República Dominicana, contribuyendo significativamente a la economía nacional. De acuerdo con cifras del Banco Central, las proyecciones de recaudación por turismo en los próximos años son claves para mantener la estabilidad económica del país. Un daño a la imagen de la nación como destino seguro no solo afectaría al sector turístico, sino a la economía en general, comprometiendo empleos y reduciendo ingresos vitales para el gobierno.
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Violaciones de leyes y responsabilidad gubernamental
La Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece claramente los requisitos para operar vehículos en territorio dominicano, los cuales estos conductores ilegales están violando sistemáticamente. Además, la normativa de migración del país establece que los extranjeros que operan sin los permisos adecuados están infringiendo la ley, lo que exige una respuesta inmediata por parte de las autoridades.
El INTRANT, bajo la dirección de Milton Morrison, tiene la responsabilidad de garantizar que el transporte en el país sea seguro y se ajuste a las normativas vigentes. Sin embargo, hasta la fecha, los operativos no han sido suficientes para erradicar esta práctica. La Dirección General de Migración también tiene un papel crucial, ya que muchos de estos conductores son inmigrantes ilegales que operan sin ningún tipo de control.
Un llamado a la acción
Es imperativo que el INTRANT y la Dirección General de Migración implementen operativos más rigurosos y sostenidos para frenar de una vez por todas esta actividad ilegal.
Las acciones deben incluir la identificación y deportación de los inmigrantes ilegales involucrados, así como la confiscación de las motocicletas que no cumplan con los requisitos legales. También sería necesario reforzar la vigilancia en las zonas turísticas y aplicar sanciones a quienes permitan que estos conductores continúen operando fuera de la ley.
La República Dominicana no puede permitirse el lujo de poner en riesgo su reputación como destino turístico seguro. La inacción en este caso tendría repercusiones no solo en la seguridad de los turistas y residentes, sino en la estabilidad económica del país. Es momento de que el INTRANT, en coordinación con otras instituciones gubernamentales, asuma su responsabilidad y actúe con firmeza para poner fin a esta práctica irresponsable. Solo con medidas contundentes podremos garantizar que el turismo, uno de los principales motores de nuestra economía, siga creciendo y aportando al desarrollo del país.
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