Exoneraciones, abusos y traición: el Turismo que los Dominicanos debemos Boicotear
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El turismo en la República Dominicana ha sido durante décadas promocionado como el motor principal de la economía nacional, un sector que genera divisas, empleos y proyección internacional. Sin embargo, a medida que los años han pasado, los dominicanos hemos ido despertando a una realidad innegable: el modelo actual de turismo, lejos de ser un beneficio equitativo para la población, parece diseñado para privilegiar a las grandes empresas hoteleras, muchas de ellas extranjeras, mientras deja migajas al pueblo y al Estado. Este sistema, que en sus inicios pudo justificarse con incentivos para atraer inversión, hoy se sostiene sobre pilares cuestionables: exoneraciones fiscales excesivas, violaciones sistemáticas de las leyes laborales y una dependencia de mano de obra extranjera en condiciones irregulares. Es hora de que los dominicanos tomemos conciencia y actuemos, denunciando este modelo y, más aún, saboteándolo al no consumirlo.
Un modelo basado en privilegios fiscales injustificados
Cuando la República Dominicana se lanzó a conquistar el turismo en el Caribe, las exoneraciones fiscales eran un incentivo razonable para atraer inversionistas a un país con infraestructura limitada y un mercado incipiente.
La Ley 158-01, promulgada en 2001, estableció beneficios como la exención del 100% de impuestos nacionales y municipales durante 15 años para proyectos turísticos, incluyendo la importación de materiales y equipos. Sin embargo, lo que comenzó como una estrategia de desarrollo se ha convertido en un privilegio perpetuo para empresas que ya no necesitan estas ventajas. Según datos del Ministerio de Hacienda, en 2017 existían 140 tipos de incentivos fiscales en el Código Tributario dominicano, muchos de ellos beneficiando al sector turístico sin evidencia clara de que generen un retorno proporcional al costo fiscal.
Un estudio de 2018 realizado por la ONU y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), en colaboración con el Ministerio de Hacienda dominicano, reveló que los incentivos fiscales al turismo no solo no son un factor determinante en el desarrollo del sector, sino que representan una pérdida neta para el Estado. A pesar de esto, empresas como Grupo Puntacana, Meliá Hotels International y cadenas como Riu continúan operando bajo este régimen, repatriando gran parte de sus ganancias a sus casas matrices en el extranjero, mientras el Estado recauda apenas una fracción de lo que debería. En 2022, según Asonahores, el turismo generó más de 155 mil millones de pesos en impuestos, pero esto representa solo el 10% de los ingresos fiscales totales, un aporte desproporcionadamente bajo considerando que el sector aporta cerca del 15% del PIB.
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Violación de las leyes laborales: el 80/20 ignorado
La Ley 16-92 del Código Laboral dominicano es clara: al menos el 80% de la mano de obra en cualquier empresa debe ser dominicana, dejando un máximo del 20% para trabajadores extranjeros, quienes además deben tener un estatus migratorio regulado. Sin embargo, este mandato es flagrantemente ignorado en la construcción y operación de los grandes complejos hoteleros en polos turísticos como Punta Cana, Bávaro y Puerto Plata. Estudios y reportes, como los de Alba Sud, han documentado cómo la construcción de estos proyectos depende masivamente de mano de obra haitiana, a menudo en condiciones precarias y sin estatus legal, mientras los dominicanos son relegados o simplemente no acceden a estos empleos por el estigma asociado a ciertos trabajos.
Empresas como Therrestra, una constructora prominente en el sector turístico, y cadenas hoteleras como Barceló y Hard Rock Hotel han sido señaladas por priorizar mano de obra extranjera barata para maximizar ganancias, violando no solo la ley laboral, sino también los derechos básicos de estos trabajadores. En la operación de los hoteles, la situación no mejora: muchos empleados en roles de servicio, como limpieza y mantenimiento, son extranjeros en situación irregular, principalmente haitianos, contratados a salarios ínfimos y sin acceso a beneficios como seguridad social. Según el Banco Central, de los 424,380 empleos en el sector de hoteles, bares y restaurantes al cierre de 2023, 230,010 estaban en el mercado informal, un reflejo de esta precariedad.
Un sabotaje necesario: no consumir el modelo actual
Los dominicanos sabemos que este modelo no nos beneficia como debería. Las divisas que genera el turismo no se traducen en mejoras sustanciales en la calidad de vida de la mayoría, y los empleos que ofrece son, en muchos casos, precarios o inaccesibles para los locales. Por eso, una de las formas más efectivas de presionar por un cambio es boicotear estos polos turísticos. No visitar hoteles como los de Meliá, Riu, Barceló o Grupo Puntacana, que operan bajo este esquema, envía un mensaje claro: no apoyaremos un sistema que explota nuestras leyes, nuestro territorio y nuestra gente.
En lugar de ello, podemos optar por destinos y emprendimientos locales que respeten las normativas laborales y fiscales, como pequeños hoteles y posadas en zonas menos explotadas, o apoyar el turismo comunitario que empodera a las poblaciones locales. Este sabotaje no solo es un acto de resistencia, sino una demanda de justicia: queremos un turismo que priorice a los dominicanos, que distribuya equitativamente sus beneficios y que respete nuestras leyes.
La presión ciudadana como motor de cambio
Denunciar este modelo es esencial, pero no suficiente. Las redes sociales, las protestas pacíficas y el diálogo con las autoridades deben acompañar nuestras acciones. El gobierno, que en octubre de 2024 anunció la eliminación de algunos incentivos fiscales al turismo con la reforma fiscal propuesta por el presidente Luis Abinader, debe ir más allá: regular estrictamente el cumplimiento del 80/20, sancionar a las empresas que violan las leyes laborales y redirigir los recursos fiscales hacia el desarrollo de un turismo sostenible e inclusivo.
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El turismo de la República Dominicana tiene el potencial de ser un verdadero orgullo nacional, pero no bajo el modelo actual.
Es hora de que los ciudadanos tomemos el control de esta narrativa y exijamos un sistema que nos beneficie a todos, no solo a unos pocos. Sabotear los polos turísticos que perpetúan estas injusticias es un primer paso irrefutable hacia ese cambio. Los datos y la realidad hablan por sí solos: este modelo no es sostenible ni justo, y depende de nosotros transformarlo.
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