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Faride Raful dio el Permiso para que los Haitianos Protesten frente al Palacio por algo en lo que no tienen Razón.

Faride Raful dio el Permiso para que los Haitianos Protesten frente al Palacio por algo en lo que no tienen Razón.

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Redaccion2REDACCION2/25 SEPT DE 2024/1 MIN/0 VISTAS

El tema de la nacionalidad dominicana y los derechos de los haitianos en el país ha generado intensos debates en los últimos años. Un punto crucial en esta discusión es el papel de Faride Raful, actual Ministra de Interior y Policía, quien, como máxima autoridad en la regulación de manifestaciones, ha permitido que grupos haitianos realicen protestas en el país, muchas de las cuales son consideradas ilegales y en conflicto con la Constitución dominicana.

Un grupo de personas, miembros del Movimiento Reconocido, se congregaron este lunes frente al Palacio Nacional para protestar contra lo que consideran un proceso de «desnacionalización» sufrido por los descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana, a raíz de la sentencia 168 -13 emitida en 2013.

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La Constitución Dominicana y el Derecho a la Nacionalidad

La Constitución Dominicana establece en su Artículo 18 que son dominicanos aquellos nacidos de padres dominicanos o de extranjeros con residencia legal en el país. La Ley 164-05, que regula la migración, es clara en que los hijos de extranjeros en tránsito o en situación de ilegalidad no tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Esta normativa fue reafirmada en la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que determinó que los hijos de extranjeros en tránsito, particularmente haitianos, no adquieren la nacionalidad dominicana.

Haití y su Concepto de Nacionalidad

Contrapuesto a esto, el Artículo 11 de la Constitución Haitiana establece que "toda persona nacida de un padre o una madre haitiana, dentro o fuera de Haití, es haitiana". Esto implica que los descendientes de haitianos, independientemente de su lugar de nacimiento, son considerados haitianos. En este contexto, los reclamos de grupos haitianos en la República Dominicana por la nacionalidad dominicana carecen de base legal, ya que no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación dominicana.

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El Rol de Faride Raful y su Permisividad

Como Ministra de Interior y Policía, Faride Raful tiene la autoridad para regular las manifestaciones en el país. Sin embargo, ha sido criticada por permitir que se lleven a cabo manifestaciones de grupos haitianos que desafían la legalidad y la soberanía nacional. Esta permisividad ha sido interpretada como un apoyo a las reivindicaciones de un grupo que, según la ley dominicana, no tiene derecho a exigir la nacionalidad.

La decisión de Raful de permitir estas manifestaciones pone en cuestión su compromiso con la defensa de la Constitución y las leyes dominicanas. Al no aplicar rigurosamente las normativas migratorias, podría estar facilitando un precedente peligroso que debilita el orden constitucional y pone en riesgo la soberanía nacional.

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El Problema de Haití: Falta de Instituciones y Desinterés por la Nacionalidad

Además, la falta de instituciones sólidas en Haití, como un registro civil eficiente, ha llevado a muchos haitianos a carecer de documentos que validen su nacionalidad, complicando aún más su situación. Aunque algunos pueden no ser registrados en su país de origen, legalmente siguen siendo haitianos. Esto crea un escenario complejo donde, al buscar la nacionalidad dominicana, muchos no están dispuestos a asumir su identidad haitiana.

Este desinterés por identificarse como haitianos, sumado a la búsqueda de mejores condiciones de vida, ha llevado a ciertos grupos a presionar al gobierno dominicano con demandas que no tienen fundamento legal. La permisividad de Faride Raful ante estas manifestaciones puede ser vista como un intento de atender estas demandas sin considerar las implicaciones legales y sociales.

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La Responsabilidad de Faride Raful

En conclusión, la gestión de Faride Raful como Ministra de Interior y Policía es fundamental para mantener el orden y la legalidad en la República Dominicana. Su decisión de permitir manifestaciones que desafían la Constitución y las leyes migratorias no solo compromete la soberanía nacional, sino que también plantea serios riesgos para la estabilidad del país.

El papel del Estado es proteger sus leyes y la integridad de su territorio, y permitir que grupos que no cumplen con los requisitos legales realicen protestas en contra de la legislación vigente es una acción que debe ser cuestionada. La defensa de la Constitución y la legalidad en la República Dominicana no es solo una cuestión de política, sino un imperativo que debe ser mantenido por todas las autoridades, incluida Faride Raful.

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