Desde Hackeandoelsistema.net saludamos y respaldamos la postura firme y coherente de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al negarse a aceptar disculpas públicas o acuerdos extrajudiciales con Ingrid Jorge (“La Torita”), en el proceso judicial por presunta difamación e injuria. Su decisión de llevar este caso hasta las últimas consecuencias legales no solo es legítima, sino también ejemplar. En un país donde la mentira se ha disfrazado por demasiado tiempo de “opinión” y la difamación se ha normalizado como entretenimiento o contenido viral, esta acción marca un precedente.
Al mantenerse firme en su exigencia de justicia, Faride Raful, no solo defiende su honra personal, sino que refuerza la credibilidad y vigencia del sistema judicial dominicano como garante de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión con límites claros: no hay libertad sin responsabilidad. Mientras tanto, Ingrid Jorge representa una camada de “comunicadores” improvisados, figuras que han encontrado en las redes sociales un micrófono sin preparación, sin ética y sin límites.
Esta generación de Pseudoperiodistas digitales carece del mínimo rigor profesional, no distingue entre opinión y calumnia, ni comprende que la libertad de expresión en un Estado democrático como el nuestro no es un salvoconducto para destruir reputaciones impunemente. El proceso judicial que enfrenta, de confirmarse su culpabilidad, debe servir como un mensaje claro y contundente a esa legión de desinformadores: en los medios no todo vale, y quien elige hablar sin pruebas, debe estar dispuesto a responder con hechos ante la justicia. La libertad es un derecho, pero también una responsabilidad.
El caso de Ingrid Jorge, acusada por Faride Raful, debe servir de ejemplo contundente para que el gobierno de Luis Abinader deje de insistir en imponer nuevos controles o limitaciones a la libertad de expresión, de pensamiento, de difusión y, sobre todo, de prensa.
Este proceso judicial demuestra que las leyes actuales ya contemplan mecanismos suficientes para sancionar los excesos, sin necesidad de restringir derechos fundamentales ni abrir la puerta a la censura. Lo que hace falta no es más control, sino aplicar las normas existentes con responsabilidad, imparcialidad y firmeza, sin politizar la justicia ni utilizarla como garrote. Regular no es reprimir. Y proteger la libertad no es permitir la impunidad.
El mensaje es contundente: quien difama, deberá responder ante la justicia. Y eso es una buena noticia para todos, porque fortalece el debate democrático, impide que el espacio público se convierta en una cloaca de odio y falsedades, y asegura que las instituciones están para servir, no para ser cómplices de la impunidad digital.
Este no es solo un caso entre dos figuras públicas. Este es un llamado a toda la sociedad dominicana a reivindicar el valor de la verdad, la ética en la comunicación y el respeto mutuo en el ejercicio de la opinión pública.
La justicia debe seguir su curso. Y si hay condena, que sea ejemplar. La verdad no es lo que creemos saber, la verdad es lo que podemos probar. Sin embargo, la comunicación moderna suele ignorar este concepto básico del buen ejercicio periodístico, donde la evidencia, la verificación y la responsabilidad son fundamentales para informar con credibilidad.
Hackeandoelsistema.net no solo informa. También respalda lo correcto.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
Desde HackeandoElSistema.net seguiremos informando sobre este tema, que planteamos primero que cualquier otro medio en la República Dominicana.
