El ejercicio del periodismo responsable no se mide solo por lo que se publica, sino también por las reacciones que provoca. En ese sentido, resulta significativo que un número de WhatsApp identificado con el nombre y la imagen de Gloria Reyes, ministra de la Mujer, se haya comunicado directamente con este medio tras la publicación de nuestro más reciente análisis crítico sobre su rendición de cuentas y el cumplimiento de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Durante dicho intercambio, Gloria Reyes, nos compartió un enlace de Listín Diario, donde se informa que la funcionaria, junto a otros altos cargos del gobierno, habría depositado su declaración jurada dentro del plazo legal, respaldada por certificaciones emitidas por la Cámara de Cuentas. Ante este contacto, nuestra respuesta fue clara y coherente con nuestra línea editorial: investigar, contrastar la información y realizar las correcciones necesarias si los hechos así lo ameritan.
Transparencia verificada, no asumida
Si bien no tenemos razones para poner en duda la información publicada por un medio de la trayectoria de Listín Diario, consideramos oportuno señalar que, desde una perspectiva estrictamente periodística, hubiera sido más satisfactorio recibir directamente una copia del acuse de recibo del documento depositado ante la Cámara de Cuentas, debidamente protegida de datos sensibles. Esto habría permitido una verificación directa e independiente, reforzando aún más la transparencia del proceso.
No obstante, valoramos de manera positiva el hecho de que una funcionaria de alto nivel decida comunicarse directamente con un medio crítico, no para descalificarlo, sino para expresar inquietudes y aportar información. Ese gesto, poco común en la cultura política dominicana, merece ser reconocido.
Este episodio confirma algo que ya es evidente: nuestro trabajo está teniendo impacto real en la clase política dominicana. Cuando un análisis periodístico genera respuestas, aclaraciones y movimientos públicos, significa que está cumpliendo su función esencial: fiscalizar el poder y elevar el estándar del debate público.
Lejos de asumir una postura defensiva o complaciente, reafirmamos nuestra vocación de independencia, rigor y apertura. No somos un medio de confrontación gratuita, pero tampoco de silencios cómodos. Nuestro compromiso es con los hechos, la ley y el derecho de la ciudadanía a estar informada con veracidad.
Puertas abiertas, criterio firme
A partir de este hecho, reiteramos públicamente que estamos en disposición de escuchar y revisar cualquier señalamiento que considere necesario cualquier funcionario o actor político, siempre que este venga acompañado de información verificable, documentos formales y evidencias claras. Cuando corresponda corregir, se corregirá; cuando corresponda sostener un análisis crítico, se sostendrá.
La rendición de cuentas no debe verse como un ataque, sino como parte natural de la democracia. Y el periodismo que incomoda, pero dialoga, no debilita al Estado: lo fortalece.
Este intercambio no solo valida nuestro trabajo, sino que confirma que la fiscalización seria, documentada y sin estridencias sí genera respuestas, y eso, en sí mismo, es una señal saludable para la democracia dominicana.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.






