Gobierno de Abinader solo tiene 17 personas en al Departamento de Deportaciones y pretende deportar 10 mil haitianos semanales (que chiste)
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El tema de la gestión migratoria en República Dominicana, específicamente bajo la administración de Luis Abinader, ha generado múltiples controversias, especialmente en torno a las deportaciones de haitianos indocumentados. Según la nómina de la Dirección General de Migración de septiembre de 2024, la institución cuenta con 2,288 empleados, pero de este total, solo 17 personas están asignadas al Departamento de Deportaciones. Esto evidencia una desproporción notable entre el personal total y los recursos destinados a llevar a cabo las deportaciones de manera efectiva.
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El gobierno de Abinader justificará su falta de personal en la dirección general migratoria afirmando que se apoyará en los miembros del Ejército o el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza (CEFRONT) para llevar a cabo las deportaciones; sin embargo, esta estrategia es problemática.
Estos mismos agentes son a menudo los que extorsionan a los haitianos, cobrándoles para permitirles cruzar la frontera y, en ocasiones, chantajeando a quienes detienen por estar indocumentados. Esta corrupción no solo socava la credibilidad del gobierno, sino que también pone en entredicho su compromiso real con el orden y la justicia, transformando lo que debería ser un proceso legal en una operación de abuso y explotación.
El plan de Abinader, que busca deportar hasta 10,000 haitianos semanalmente, carece de infraestructura adecuada, tanto en términos de personal como de protocolos claros que garanticen un proceso conforme a la Ley General de Migración No. 285-04 y su reglamento 613-11 de 2011. Estas normativas establecen un debido proceso que incluye la recolección de datos biométricos (huellas, fotos, y en algunos casos el escaneo del iris), además de la justificación legal que la persona pudiera tener para permanecer en el país. Sin embargo, el actual plan no parece contemplar mecanismos para asegurar este debido proceso, ni tampoco define un régimen de consecuencias para aquellos deportados que reingresen al país de manera irregular.
La Ley 285-04, en su artículo 129, establece sanciones para quienes reingresen tras ser deportados, pero el problema radica en la implementación efectiva de dichas sanciones, debido a la falta de control en la frontera, la corrupción, y los escasos recursos humanos para procesar los casos. El proceso de deportación incluye pasos como llenar formularios, verificar la legalidad de los documentos, cancelar visas vencidas o mal utilizadas, y otros procedimientos que requieren tiempo y personal capacitado, algo que es claramente insuficiente con solo 17 personas encargadas de todas las deportaciones.
Este mal manejo no solo genera una falta de eficacia en las deportaciones, sino que también pone en peligro la soberanía del país. La incapacidad del gobierno de controlar el flujo migratorio está llevando a una creciente percepción de descontrol, alimentada por la ineficacia en la implementación de sus políticas migratorias.
En este contexto, el presidente Abinader enfrenta serios desafíos.
El aumento de la presión internacional, junto con el descontento interno por la aparente incapacidad de controlar la migración irregular, está desafiando su capacidad para mantener el orden y la seguridad en el país.
Aunque ha anunciado grandes metas en términos de deportaciones, el gobierno parece estar atrapado en un "cuento chino", como algunos lo han calificado, al carecer de los recursos y la voluntad política para implementar estas medidas de manera efectiva.
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En resumen, la situación migratoria en República Dominicana, más que una cuestión de números, revela la fragilidad de un sistema que no ha sido diseñado ni equipado para manejar las necesidades actuales. Si el presidente Abinader no toma medidas contundentes para reorganizar el sistema de deportaciones y asegurar un control efectivo en la frontera, el país podría enfrentar serios problemas de seguridad y un debilitamiento de su soberanía.
Le dejamos el link de la nomina de la institución para que corroboren los datos:
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