Injerencia Externa: El Centro Pedro Francisco Bono y la Manipulación de la Soberanía Nacional
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En un giro alarmante para la soberanía de la República Dominicana, el Centro Pedro Francisco Bono Inc. ha recibido una financiación de USD $20,000 del Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su programa Overseas Refugee Assistance Programs for Western Hemisphere. El dinero está destinado a fortalecer el proceso de documentación legal en los bateyes de la República Dominicana, un proyecto que plantea serios cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones detrás de esta intervención externa.
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Este tipo de financiación como al Centro Pedro Francisco Bono, no solo carece de justificación en términos de necesidad nacional, sino que también es un claro intento de interferencia extranjera en los asuntos internos del país.
La Constitución Dominicana es clara en cuanto a quiénes deben ser considerados ciudadanos dominicanos, y el hecho de que gobiernos extranjeros, como el de EE.UU., estén involucrándose en procesos legales internos, plantea una grave amenaza a nuestra soberanía nacional.
¿De dónde surge esta narrativa de la apatridia? En República Dominicana, no existen apátridas de acuerdo con nuestra Constitución. Los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en suelo dominicano están cubiertos por la legislación haitiana, que establece claramente que cualquier hijo de ciudadano haitiano es haitiano por derecho. La Constitución de Haití, en su artículo 11, establece:
"Son ciudadanos haitianos, por nacimiento, todas las personas nacidas en Haití o fuera de Haití, cuyos padres sean de nacionalidad haitiana."
Por lo tanto, la afirmación de que existen apátridas en nuestra nación carece de fundamento y es, en realidad, una estrategia para desestabilizar el orden constitucional dominicano.
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El dinero destinado al Centro Pedro Francisco Bono Inc.
y sus objetivos de "fortalecer el proceso de documentación legal" en bateyes de la República Dominicana no es más que una herramienta para promover una agenda extranjera que busca modificar la identidad nacional y la legislación del país. Esto es inaceptable y una clara injerencia que debe ser detenida con firmeza.
La soberanía de la República Dominicana no está en venta, y es responsabilidad del gobierno investigar a fondo estos proyectos financiados por potencias extranjeras. Es imperativo que se procesen legalmente a aquellos que colaboren con agendas que atentan contra nuestra independencia y nuestra identidad nacional. Además, es necesario que el gobierno de Estados Unidos explique públicamente sus intenciones con la inversión en estos programas, que buscan alterar el orden constitucional y poner en riesgo nuestra autonomía política.
El futuro de la República Dominicana está en juego. Las autoridades dominicanas deben actuar con urgencia para proteger nuestra soberanía y evitar que intereses extranjeros continúen manipulando nuestros procesos internos. Es hora de que se asuma con responsabilidad la defensa de la identidad nacional y se ponga fin a cualquier intento de haitianizar el país bajo el amparo de injerencias internacionales. ¡La patria es primero y su soberanía no está en venta!
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