En la República Dominicana, es de conocimiento general que el sistema educativo enfrenta graves problemas. Los bajos niveles de comprensión lectora y escritura, junto con una limitada capacidad de análisis, han sido temas de discusión durante años. Sin embargo, lo que comienza a alarmar es cómo este analfabetismo funcional, que se supone debería ser abordado y corregido en las aulas, ya ha penetrado en las instituciones públicas del país.

Recientemente, un documento oficial emitido por el Ministerio de Administración Pública de la República Dominicana expuso errores ortográficos y gramaticales, errores que podrían haberse evitado con el uso de tecnologías básicas de corrección.

Este tipo de fallos no solo perjudica la imagen del organismo que lo emite, sino que también afecta la confianza del ciudadano en las instituciones públicas. Con programas de corrección automática de texto ampliamente disponibles, no hay excusa para que documentos oficiales, destinados a directivos y ministros, se presenten con faltas de ortografía y gramática.

El problema va más allá de simples errores de escritura; se trata de un reflejo de la realidad que viven nuestras instituciones. En lugar de contar con funcionarios capacitados, el sector público está cada vez más invadido por individuos que, aunque saben leer y escribir, carecen de la habilidad para comprender y estructurar ideas de manera clara y coherente. Estos son los denominados “analfabetos funcionales”, personas que han pasado por el sistema educativo pero no han desarrollado habilidades básicas de comunicación efectiva.

Este fenómeno nos lleva a preguntarnos: ¿Qué se puede esperar de un gobierno que, incluso al más alto nivel, requiere de teleprompters o discursos escritos para articular sus ideas? En lugar de fomentar la preparación, el desarrollo de habilidades y la autonomía, dependemos de ayudas externas para transmitir un mensaje. Esto no solo limita la capacidad del gobierno para comunicarse efectivamente con su pueblo, sino que también refleja una falta de inversión en educación y capacitación.

Si queremos avanzar como país, en la República Dominicana es crucial que las instituciones públicas prioricen la capacitación de su personal, no solo en habilidades técnicas, sino también en comunicación y comprensión. Necesitamos funcionarios que puedan escribir, leer y, lo más importante, entender los documentos que firman y emiten. Solo así podremos restaurar la confianza en nuestras instituciones y avanzar hacia un verdadero desarrollo.

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