Juez se reserva fallo audiencia contra exigencia ilegal de tarjeta de vacunación
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El juez presidente en funciones del Tribunal Superior Administrativo (TSA), Diomede Villalona, reservó para este martes su fallo sobre la medida cautelar que busca la suspensión de la resolución que exige la presentación del carnet de vacunación anticovid-19.
Este viernes, el magistrado escuchó la audiencia donde los abogados de Carlos Peña, presidente del Partido Generación de Servidores (Gens), quienes interpusieron la medida cautelar, solicitaron que se suspenda la disposición establecida por el Ministerio de Salud Pública por considerar que va en contra de los derechos de las personas.
Dijeron que la medida de salud viola los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho a la igualdad, la libertad de circulación, la libertad de trabajo, la libertad de negocio y el derecho a la educación.
En la audiencia, la jurista María Luisa Guzmán dijo que la resolución es irracional y violenta para las personas que no pueden ser sometidas al trámite. Aseguró que la falta de persuasión del Gobierno llevó a esta medida, que indica es ilegal.
“Cada minuto que pasa muchos pierden sus trabajos, cada mañana cientos de estudiantes no pueden continuar sus estudios”, dijo.
Dijo al juez Villanola que no están en contra de las vacunas, pero que el país está dividido entre los vacunados y los que no.
En este sentido, los abogados solicitaron al magistrado que suspenda la resolución hasta que se conozca el recurso contencioso administrativo que han interpuesto para que se declare la nulidad de la resolución.
De no ser aceptado, los togades solicitaron la suspensión provincial de los artículos 3 y 4 de la resolución.
Por su parte, los abogados representantes del Ministerio de Salud Pública solicitaron que se rechace la solicitud de los abogados de Carlos Peña.
Apreciaron que el covid-19 es una pandemia sin precedentes, que ha costado la vida a más de 5 millones de personas, de las cuales 4 mil son de República Dominicana y que las disposiciones de la resolución no son banales, sino en base a lo establecido por la internacional. organizaciones científicas que entienden que la vacuna es la única solución contra esta enfermedad.
Aseguraron que atacar la resolución de salud es un ataque al sistema de salud y la economía del país. Y que la mayoría de las víctimas mortales de la pandemia en el país no fueron vacunadas.
Mientras que la Fiscalía General Administrativa especifica que la decisión del Ministerio de Salud Pública se basa en la Constitución y el artículo 69 de la Ley de Salud Pública, que, dijo, exige la adopción de las medidas necesarias para proteger a la población.
Al solicitar también que la petición del demandante sea reexpedida por inadmisible, infundada y carente de fundamento legal, indicó que no existen argumentos legales para suspender la resolución.
Dijo que si acepta la solicitud pondría en riesgo la vida de toda la población.
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