Publicamos hoy la carta abierta que Guido Gómez Mazara dirige a Danilo Medina (Santo Domingo, 14 de octubre de 2025), un texto que trasciende la anécdota y confronta, con datos y memoria, la gestión pública durante años decisivos para la República Dominicana. En estas líneas se articulan críticas sobre la manera en que se manejaron la deuda y operaciones financieras emblemáticas —casos como Calamar y Anti-Pulpo—, la opacidad en tiempos de pandemia y la carga que se dejó a futuras generaciones. Lejos del insulto fácil, la misiva propone una reflexión sobre responsabilidad, transparencia y la urgencia de transformar un modelo que privilegia intereses privados sobre lo colectivo. Te la presentamos íntegra para que la analices, debatas y compartas: esto es HackeandoelSistema en su labor de fiscalizar la historia que nos construye.
La Carta de Guido a Danilo Medina
Santo Domingo, 14 de octubre de 2025
Escrito por Guido Gómez Mazara
A Danilo Medina, con cariño.
El año en que nací, Sidney Poitier saltó a la fama con su estelar papel en la película ‘Al maestro con cariño’, inspirada en la novela de E. R. Braithwaite. He pensado mucho en la excelente producción y su drama, porque admito mi respeto hacia ti, fundamentalmente al expresar la historia del que salta obstáculos, alcanza el éxito y se establece contra viento y marea. De verdad, eres merecedor del cariño, hasta de los que nunca hemos coincidido en la arena política contigo.
Celebro que el juicio sobre los ocho años de tu gestión quede en manos de la historia, no de quienes te apreciamos. Y en mi condición de observador parcial, agradezco las críticas recientes al desempeño del gobierno del PRM, principalmente en lo concerniente a la interpretación de la deuda, amortización, montos y porcentajes, porque incorporan los alegatos indispensables para sepultar de una vez y para siempre la fatal manía del insulto y descalificación personal.
En buena justicia, el contexto de cifras y estadísticas correspondientes a los períodos 2012-2020 y 2020-2025 también materializa visiones encontradas alrededor de estilos, concepciones éticas y auténtico compromiso con el desarrollo de la Nación. Y aunque la política abunde en protagonismos, la jurisdicción de la frialdad numérica y la certeza del juicio proveniente de organismos internacionales tienden a imponerse sobre la retórica. Así, instituciones como CEPAL, BID, BM, FMI y Moody’s poseen una carga de credibilidad que deja contra las cuerdas el argumento promovido desde la pasión y la militancia.
Es comprensible que tras el acto del PLD en Santiago de los Caballeros, la agitación del momento te llevase a declarar ciertas imprecisiones en los porcentajes. Pero al calificar como “muchachadas” las cifras sobre la deuda, se abre un debate que merece basarse en datos verificables: modalidades de pago, piruetas para convertir deuda administrativa en pública y beneficiarios finales, hoy todo bajo escrutinio del Ministerio Público.
El 31 de julio de 2020, mediante la comunicación No. MH-2020-016607, el Ministerio de Hacienda instruyó la cancelación de compromisos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con el Banco de Reservas, correspondientes al Programa de Contratistas del Estado. La operación financiera ascendió a RD$ 20,904,831,251 y se ejecutó con cargo a tres fuentes de financiamiento:
RD$ 4,624,671,857 de los dividendos de las utilidades de 2019;
RD$ 1,686,609,394, una proporción del 15 % restante de las utilidades que según la Ley No. 99-01 está destinado al pago de compromisos del Estado;
RD$ 14,593,550,000 por la emisión de bonos por un monto de US$ 250,000,000.
No se cumplió con el debido proceso del circuito de firma, según el cual el MOPC y la OISOE debían registrar la licitación, la orden de compra, el compromiso y el devengado, es decir, el recibimiento conforme de los bienes y servicios sobre los cuales recaerían los libramientos y pagos. Todo el proceso debía ser revisado por la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de cada institución y remitido a la sede central para una segunda revisión por el Departamento de Revisión y Análisis de la Contraloría General de la República, y posteriormente firmado por el Contralor.
Ahora bien, como la operación se manejó mediante una instrucción del ministro de Hacienda de ese momento, en la que el ministerio asumía el pago de cuentas por pagar de años anteriores e instruía al Banco de Reservas, debió aplicarse el procedimiento de deuda administrativa para que se pudieran asumir esos pagos, lo cual implicaba:
Determinar la disponibilidad presupuestaria para imputar los pagos de las cuentas por pagar (deuda administrativa), la cual no existía;
Realizar la revisión y el análisis para el reconocimiento de la deuda, validando cada expediente con la documentación soporte correspondiente, de acuerdo con la transacción que le dio origen, a fin de garantizar que dichas deudas fueran fehacientes y válidas conforme a los procedimientos establecidos en el referido circuito de pagos.
Sin embargo, no se involucró a las Direcciones de Reconocimiento de Deuda y de Administración de Recursos Financieros del Ministerio de Hacienda; ni a la Unidad de Análisis de la Contraloría General de la República; ni a la Tesorería Nacional, como ente responsable de la ejecución del libramiento de pago; ni a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, como ente responsable de la aplicación del registro contable.
Para peor, esta fraudulenta operación fiscal era ejecutada en medio de los embates del COVID-19. Mientras la ciudadanía dominicana y del mundo sufrían los efectos bio-psicosociales de la pandemia, un grupo de funcionarios públicos de alta responsabilidad autorizaba una operación financiera de cerca de RD$ 21,000 millones para favorecer a sus allegados.
Aquella decisión, tomada en plena emergencia sanitaria, sintetiza el tipo de gestión que priorizó los intereses de unos pocos sobre las necesidades colectivas. Más allá de la discusión técnica sobre la deuda pública, lo esencial es garantizar planificación financiera, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos. En expedientes como Calamar y Anti-Pulpo se evidencia que la deuda contraída se destinó a gasto de capital o, más bien, para capitalizar allegados, y se trasladó a las generaciones presentes y futuras el peso de un manejo fiscal irresponsable, cuyas consecuencias se pagarán a través de mayores cargas impositivas.
Finalmente, al leer la asociación entre pago de deudas y la situación procesal del caso Calamar, pienso en el profundo dilema de la vida pública concerniente a los colaboradores en tiempo de campaña y su retribución post victoria electoral. Pasa con los eficientes recaudadores que, una vez designados, le dan riendas sueltas a sus apetitos insaciables. De ahí surgen las diligencias investigativas que sindican a ex ministros en la estructuración de un tinglado pendiente de juicio, con evidencias que constituyen materia prima de los que asumen las cercanías políticas como fuente de alcancías privadas. Aquella operación estuvo lejos de ser una ligereza o una “muchachada”, y no tuvo nunca una explicación de quien debía darla. Hoy, es el Ministerio Público quien debe imputarla como lo que realmente fue: un fraude de gran escala.
Ya Gary Stevenson, en su libro El Juego del Dinero, describía la vocación de acumulación de ciertas castas dispuestas a no reconocer límites al momento de esquilmar a las franjas más carenciadas. Imagínate que el economista y escritor inglés cambiara la tranquilidad de las aulas de London School of Economics por la realidad con altísima dosis de ficción que nos define como sociedad.
Danilo, es un modelo que data de años. Y el irrenunciable desafío consiste en cambiarlo.
Con el cariño sincero,
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