En los últimos años, la República Dominicana ha experimentado un alarmante incremento en las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la Policía Nacional. Lo que es aún más preocupante es que estas acciones no solo han sido justificadas, sino también apoyadas por el ministro de Interior y Policía, lo que representa una clara violación de los derechos fundamentales de las personas. Esta política de mano dura contra los delincuentes comunes, aunque condenable, expone una serie de problemas estructurales y sociales que el gobierno ha sido incapaz de abordar efectivamente.

La Estrategia del Gobierno: Asesinatos en Lugar de Justicia

La táctica adoptada por el gobierno dominicano parece ser la eliminación física de los delincuentes, una estrategia que no solo es inmoral, sino también ilegal. Desde 2020 hasta la fecha, hemos sido testigos de cómo jóvenes, muchos de ellos menores de 25 años, han sido acribillados por la policía sin la oportunidad de ser sometidos a un juicio justo y encarcelados. Estos actos han sido aplaudidos por ciertos sectores de la sociedad, pero son un reflejo de la falta de justicia y el respeto por los derechos humanos en el país.

El ministro de Interior y Policía ha justificado estas acciones y ha solicitado apoyo para las mismas, lo que revela una alarmante indiferencia hacia el debido proceso y los derechos humanos. La celebración de estas ejecuciones extrajudiciales por parte de la ciudadanía y la inacción del gobierno ante estos crímenes nos lleva a cuestionar seriamente la legitimidad y moralidad de las políticas de seguridad actuales.

Un Gobierno con Doble Moral

Mientras la policía de la República Dominicana, se dedica a acribillar a jóvenes delincuentes, el Ministerio Público llega a acuerdos con empresas que han robado millones al Estado, y a esas mismas empresas se les sigue contratando y comprando servicios.

Este comportamiento refleja una doble moral evidente: se premia a los corruptos y se extermina a los pobres. Esta situación es motivo de vergüenza y debería ser condenada por todos los sectores de la sociedad.

Datos Alarmantes

Según datos oficiales, desde 2020 hasta 2023, el desempleo en la República Dominicana ha oscilado entre el 7% y el 8%, afectando principalmente a los jóvenes. La falta de oportunidades de desarrollo, empleos dignos y preparación académica adecuada son factores que contribuyen a la delincuencia juvenil. A pesar de esto, el gobierno ha fallado en implementar políticas efectivas para abordar estas cuestiones de fondo.

El alto costo de la vida y la canasta familiar también agravan la situación. Según el Banco Central de la República Dominicana, la inflación ha incrementado significativamente el costo de la canasta básica, lo que ha hecho más difícil para las familias de bajos ingresos mantener un nivel de vida aceptable. Esta realidad económica impulsa a muchos jóvenes a la delincuencia como medio de subsistencia.

Violaciones a los Derechos Humanos

Las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la Policía Nacional de la República Dominicana. son una clara violación de los derechos humanos.

Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado repetidamente estos abusos, pero el gobierno dominicano ha hecho caso omiso de estas críticas. Además, hay numerosos reportes de policías involucrados en actividades delictivas, lo que añade una capa de hipocresía y corrupción a la situación.

Comparación con El Salvador

En contraste, El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, ha adoptado una política de someter a la justicia a los pandilleros, en lugar de matarlos. Aunque la estrategia de Bukele también ha sido criticada por su dureza, al menos respeta el principio de llevar a los delincuentes ante la justicia.

La política de ejecuciones extrajudiciales del gobierno dominicano es un reflejo de su incapacidad para abordar los problemas estructurales que impulsan la delincuencia. La falta de oportunidades, el desempleo, el alto costo de la vida y la corrupción desenfrenada son problemas que deben ser atacados de raíz.

La celebración de estas ejecuciones por parte de la ciudadanía y la justificación de las mismas por parte de las autoridades no solo son inmorales, sino que también ponen en evidencia la desesperada necesidad de un cambio en la manera en que se aborda la justicia y la seguridad en el país. Es imperativo que el gobierno desarrolle políticas integrales que ofrezcan soluciones reales y sostenibles a estos problemas, respetando siempre los derechos humanos de todos los ciudadanos.

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