
La Renegociación del Contrato de Aerodom por Luis Abinader es ilegal e Incoherente
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El presidente Luis Abinader ha anunciado con entusiasmo la renegociación del contrato de concesión de Aerodom, una empresa que administra varios aeropuertos en la República Dominicana, incluyendo el José Francisco Peña Gómez, conocido como Las Américas. Este contrato, inicialmente suscrito en el primer gobierno de Leonel Fernández sin beneficios para el país, ha surgido como foco de controversias y cuestionamientos sobre su impacto en el interés nacional.

Luis Abinader ha señalado que el acuerdo firmado en el gobierno de Fernández era lesivo para el país y carecía de beneficios para el Estado dominicano. Sin embargo, se han revelado detalles que conectan al presidente con la gestión de este contrato desde su origen. Su padre, José Rafael Abinader, entonces senador, y otros actuales funcionarios gubernamentales, como Vázquez, Ortiz Bosch, Sánchez Baret y Milton Ray Guevara, estuvieron involucrados en la aprobación inicial del contrato.
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Surge la pregunta sobre las conexiones y decisiones pasadas del partido de Luis Abinader, el PRM, al considerar la implementación en 2002, durante el gobierno de Hipólito Mejía, del impuesto de $10 de salida, cuya recaudación fue otorgada a Aerodom.

Este hecho, junto con la extensión no autorizada del contrato por 5 años, plantea incoherencias en la gestión previa y en la posición actual de Abinader al renovar la concesión.
Las interpretaciones divergentes de las acciones de Abinader agregan más capas de incertidumbre al escenario. Si se acepta la versión de que el contrato era perjudicial desde su origen, se cuestiona la gestión de su propio partido y se desinforma al pueblo acusando al gobierno de Fernández de todas las excepciones. Si se asume un incumplimiento por parte de Aerodom, surge la pregunta de por qué renovar la concesión en lugar de abrir una licitación internacional.
La falta de transparencia y la ausencia de una licitación nacional e internacional, como lo establece la ley 341-06 sobre compras y contrataciones, generan interrogantes sobre la lógica detrás de la renovación del contrato que aún tenía 6 años para vencer. La obtención de un adelanto de 75 millones de dólares para el 36% de los ingresos proyectados hasta 2060 también despierta sospechas sobre posibles motivaciones financieras.
El llamado a la transparencia y la buena fe se intensifica, instando al Congreso a no aprobar la renovación del contrato sin una revisión más profunda.
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La búsqueda de respuestas y claridad sobre la relación entre Luis Abinader y Aerodom continuará, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión gubernamental.
La sociedad dominicana espera una evaluación exhaustiva de este episodio, donde las acciones pasadas y presentes se entrelazan en un entramado de decisiones que requieren esclarecimiento.
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