En los últimos cinco años, la República Dominicana ha presenciado una preocupante conexión entre figuras políticas y estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos. Al menos una decena de dirigentes han sido acusados formalmente, condenados o se encuentran bajo investigación por su supuesto vínculo con el crimen organizado, tanto a nivel local como internacional. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido el más señalado. De acuerdo con representantes de la sociedad civil, la creciente acumulación de nombres en las filas del partido gobernante pone en entredicho los filtros internos de las organizaciones políticas para depurar sus candidaturas y controlar el financiamiento electoral.
“La mayor responsabilidad la tiene la cúpula seleccionada por Abinader en el PRM, porque debe analizar quiénes integran sus filas. No se puede normalizar que cualquier institución acoja personas con ese tipo de vínculos. Es un acto de irresponsabilidad”.
El caso más reciente es el del ex asesor del Poder Ejecutivo, Fabio Augusto Jorge, quien enfrenta cargos por tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
A él se suma una lista que incluye al regidor del Distrito Nacional por el PRM, Edison Herrera Silvestre.
El ex director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, suspendido tras ser vinculado a una red internacional de narcotráfico.
En ese expediente también fueron señalados su esposa, Faustina Cabrera, diputada, así como los legisladores Nelson Marmolejos Gil y Héctor Darío Félix Félix, ambos del PRM, investigados por presuntos vínculos con el tráfico de drogas.
Otros casos incluyen a Yamil Abreu Navarro, exdirector municipal de Las Lagunas (Azua) y dirigente del PRM, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico; y a los exdiputados Miguel Gutiérrez y Rosa Pilarte, condenados a cinco y dieciséis años de prisión, respectivamente, en República Dominicana y en Estados Unidos.
Asimismo, el ex cónsul dominicano en Jamaica, Jeremías Jiménez Cruz, fue sentenciado a 15 años en Nueva York tras admitir que utilizó su inmunidad diplomática para transportar cocaína por avión y barco.
Un problema que trasciende los colores políticos
Aunque el PRM acumula los casos más notorios por ser el partido en el poder, las estructuras criminales también han alcanzado a otras organizaciones. El ex diputado y regidor del distrito de Bayahíbe, Enriquillo Luis Virito, vinculado primero al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y luego al PRM, fue arrestado junto a su hijo en enero de este año.
“En un momento, el PLD fue mayoría y tenía la mayoría de los casos; ahora, el PRM enfrenta la misma realidad. Es un mal que afecta no solo al país, sino al mundo, porque donde hay poder, el crimen intenta penetrar”, indicó un experto en gobernanza.
Reformas que siguen esperando
Mientras tanto, en el Congreso Nacional reposan varios proyectos de ley que buscan evitar que el narcotráfico continúe permeando la política dominicana. Entre ellos, iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia en el financiamiento electoral, establecer controles de origen de fondos de campaña y aumentar las sanciones por vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.
La sociedad civil insiste en que la falta de acción legislativa perpetúa un ciclo de impunidad y desconfianza que mina las bases de la democracia.
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