Los funcionarios de actual gobierno de la República Dominicana son intolerantes y mal criados
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En la República Dominicana, el ejercicio de la libertad de expresión enfrenta desafíos ante la percepción de que algunos funcionarios del actual gobierno actúan como "niños intolerantes". La crítica, el cuestionamiento y la solicitud de rendición de cuentas son elementos esenciales en una democracia, pero según algunos observadores, parecen ser recibidos con resistencia por parte de ciertos miembros de la administración pública.
La crítica principal se centra en la falta de tolerancia ante la crítica y en la negativa a aceptar cuestionamientos sobre la gestión gubernamental y el manejo de fondos públicos.
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Se subraya la obligación de los funcionarios públicos de rendir cuentas al país sobre el uso de recursos estatales y la importancia de la transparencia en la administración pública según las leyes de la República Dominicana.
Se destaca el caso específico de la intimidación a periodistas y comunicadores, como el incidente con Kelvin Fella del medio "El Pregonero", quien fue intimado para que se retractara de una publicación. Este episodio, junto con otros intentos de silenciar a la prensa, genera preocupación sobre la libertad de expresión en el país. De igual forma el ministro de educación Ángel Hernández, también hizo lo mismo con otros periodistas que le cuestionaron sobre el manejo de los fondos públicos
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El texto enfatiza que el dinero manejado por los funcionarios públicos pertenece a todos los dominicanos, ya que proviene de los impuestos pagados por la población. En este contexto, la rendición de cuentas se presenta como un deber fundamental de quienes gestionan los asuntos del Estado.
La resistencia a la crítica y los intentos de intimidación son vistos como una amenaza a la democracia, ya que se espera que el ejercicio del derecho a la libre expresión se respete en un sistema democrático como el que supuestamente tiene la República Dominicana y lo que permitió que el actual partido de gobierno llegara a este.
Se subraya la determinación de periodistas y comunicadores de no ceder ante estos intentos de coartar la libertad de expresión y de seguir informando y opinando en beneficio de la sociedad.
Este testimonio refleja la tensión entre el deber de los ciudadanos de exigir transparencia y rendición de cuentas y la respuesta de algunos funcionarios que parecen resistirse a estos principios fundamentales de la democracia.
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