Luis Abinader promueve la Violación de la Ley al Extender Plazo para la Rendición Jurada de bienes.
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La reciente decisión del presidente de la República Luis Abinader, de otorgar un plazo adicional de 15 días a los funcionarios de su administración para cumplir con la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio, no solo evidencia un desprecio por las leyes dominicanas, sino que también lo expone como un líder incoherente, incapaz de aplicar las sanciones correspondientes a quienes violan la ley dentro de su propio gobierno. Esta decisión refleja la fragilidad de su compromiso en la lucha contra la corrupción y lo convierte en un promotor de la impunidad dentro del sistema.
Es un hecho que la Ley 311-14 y su reglamento exigen que los funcionarios públicos, tanto designados como electos, presenten su Declaración Jurada de Patrimonio en un plazo de 30 días tras asumir sus cargos. Este plazo tiene como objetivo garantizar la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, evitando que los funcionarios utilicen sus posiciones para el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, el presidente, en un acto que viola la ley, decidió extender este plazo de manera unilateral, permitiendo que aquellos que incumplieron con la normativa eviten las sanciones establecidas.
El presidente Luis Abinader ha utilizado foros internacionales como el de las Naciones Unidas para abogar por el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, pero sus acciones internas lo exponen como un ser hipócrita y demagogo.
La contradicción es evidente: mientras en el escenario global promueve la transparencia y la rendición de cuentas, en casa otorga favores a sus allegados, ignorando las leyes y protegiendo a aquellos que no han cumplido con sus obligaciones legales.
Impunidad para los amigos, castigo para los enemigos
El caso más flagrante de esta hipocresía es la diferencia de trato entre los empresarios y políticos. Mientras que algunos funcionarios políticos son perseguidos y sancionados de manera ejemplar por infracciones mínimas, sus amigos empresarios, muchos de los cuales han violado múltiples leyes, siguen actuando sin consecuencias. El presidente ha demostrado su incapacidad —o falta de voluntad— para tomar medidas contra estos empresarios, cuyos negocios prosperan bajo la sombra de su gobierno.
A diferencia de los políticos, que enfrentan el "peso completo de la ley" cuando se desvían ligeramente de las normas, los empresarios cercanos al poder parecen estar blindados contra cualquier tipo de acción legal. Esta doble moral no solo erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones del país, sino que también crea un sistema de justicia selectiva, donde el poder económico y la cercanía con el presidente garantizan impunidad.
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El Congreso y la Cámara de Cuentas como víctimas del desdén
A pesar de las claras disposiciones legales, los legisladores electos, quienes conocían desde hace cuatro meses la obligación de declarar sus bienes, montaron una campaña contra la Cámara de Cuentas, intentando presentarse como víctimas de un supuesto cambio en los requisitos. La realidad es que no hubo alteración en la ley ni en los requerimientos. Esta narrativa manipuladora intenta desviar la atención de la negligencia de los propios legisladores, quienes prefirieron ignorar sus obligaciones legales mientras buscan evadir las consecuencias de sus actos.
La Cámara de Cuentas ha insistido en que los casos de incumplimiento deben ser enviados al Ministerio Público para su investigación, y que las sanciones establecidas —como la retención de salarios hasta el cumplimiento de la obligación— deben aplicarse sin excepción. Sin embargo, la falta de acción por parte del gobierno y del propio presidente es alarmante. En lugar de respaldar a las instituciones encargadas de garantizar la rendición de cuentas, el presidente opta por extender plazos y proteger a quienes no cumplen.
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Conclusión: un presidente sin valor para enfrentar a los violadores de la ley
La realidad es clara: el presidente de la República Luis Abinader, carece del valor necesario para enfrentar a los violadores de la ley dentro de su administración.
Su decisión de conceder un plazo adicional para la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio no solo es una violación flagrante de la ley, sino también una muestra de su debilidad como líder. Mientras utiliza discursos vacíos para promover la lucha contra la corrupción en escenarios internacionales, en su propio país permite que sus amigos y aliados continúen violando las leyes sin consecuencia alguna.
Este comportamiento no solo revela su falta de compromiso con el orden jurídico dominicano, sino que también lo expone como un líder demagogo, más preocupado por mantener sus alianzas políticas y económicas que por hacer cumplir las leyes de la nación. La ciudadanía merece un presidente que respete la ley y aplique las sanciones correspondientes sin importar quién sea el infractor.
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