Milagros Ortiz Bosch al frente de la DIGEIG es símbolo de la doble Moral

A tan solo quince días de que el Gobierno dominicano anunciara una reforma destinada a ajustar el gasto público, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) ha hecho noticia por un evento que parece estar en contradicción con la austeridad que se busca promover. El 3er Congreso de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, que se llevará a cabo durante tres días, ha tenido un costo que supera los 57 millones de pesos, una cifra que genera no solo sorpresa, sino también indignación.

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Este congreso, que tiene como objetivo reunir a los miembros de 176 Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) y a 32 Oficiales de Integridad Gubernamental (OIG), ha sido financiado de manera cuestionable.

La contratación se realizó bajo la modalidad de "Excepción de Proveedor Único", a pesar de que existía un proceso abierto (DIGEIG-CCC-PEPU-2024-0001) dirigido a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYMEs) para que presentaran sus ofertas. Este proceder no solo plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso, sino que también sugiere una falta de compromiso con el fomento del desarrollo local.

El desglose de gastos revela que se han invertido RD$47,394,072 en servicios de hospedaje y RD$9,531,370.77 en el salón de conferencias y montaje del evento. Además, se destinaron 414 mil pesos para la compra de arreglos florales. Todo esto, en un contexto donde el país enfrenta serias dificultades económicas y donde el gobierno está tratando de justificar la carga impositiva adicional que se plantea con la reforma fiscal.

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Es un momento inadecuado para incurrir en gastos ostentosos en eventos que, en la práctica, parecen más un símbolo de extravagancia que de compromiso real con la ética y la integridad. Este tipo de decisiones no solo refleja una desconexión entre las autoridades y las necesidades del pueblo, sino que también envía un mensaje de desinterés por el bienestar ciudadano en un contexto de crisis económica.

Además, el presidente Luis Abinader, al promover reformas que incrementan la carga tributaria a los dominicanos, enfrenta un dilema ético importante. ¿Cómo puede el gobierno solicitar sacrificios al pueblo mientras gasta millonarias en un congreso que, aunque importante en teoría, no parece tener un impacto directo en la mejora de la vida cotidiana de los ciudadanos?

El gasto en este evento de DIGEIG, no solo carece de sentido práctico, sino que también parece contradecir los principios de integridad que el propio congreso busca promover.

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¿Qué ejemplo se está dando desde la cima del gobierno cuando se incurren en gastos innecesarios mientras se llama a la ciudadanía a aceptar mayores impuestos? Es fundamental que se reconsideren las prioridades del gobierno y se busque un enfoque más coherente que beneficie realmente a la nación.

En un país donde la desconfianza en las instituciones es palpable, actos como este solo alimentan la percepción de que la ética y la integridad son valores que quedan relegados a un segundo plano. La situación exige una reflexión profunda sobre cómo se manejan los recursos públicos y una reconsideración de las prioridades gubernamentales. Es tiempo de que el gobierno asuma un compromiso genuino con la transparencia y la eficiencia, y que cada peso gastado en nombre de la integridad realmente contribuya a un futuro mejor para todos los dominicanos.

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