El reciente anuncio sobre el traslado de las oficinas administrativas y operativas de la Dirección General de Pasaportes al Ensanche Naco ha generado preocupación entre los ciudadanos y organizaciones locales. Este cambio no solo representa un aumento en los costos del gobierno de Abinader, sino que también agrava los problemas de tráfico, estacionamiento y saturación de servicios en el Polígono Central de Santo Domingo.
Sin embargo, este caso no es aislado. Durante la administración de Luis Abinader, varias instituciones públicas han incurrido en decisiones cuestionables relacionadas con el alquiler de oficinas en zonas premium, con costos elevados y un impacto negativo en la movilidad urbana.
Casos de contratos de alquiler en la gestión Abinader
- Bartolomé Pujals y la DIGEIG (2023)
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, liderada por Bartolomé Pujals, trasladó sus oficinas a un edificio de lujo en el Polígono Central. La decisión fue criticada por ser incompatible con los principios de austeridad que el gobierno ha promovido. Este cambio generó costos adicionales significativos y contribuyó a la congestión en la zona. - Superintendencia de Bancos (2022)
Bajo la administración de Alejandro Fernández, la Superintendencia invirtió más de RD$2,000 millones en la remodelación de un edificio exclusivo en la Avenida Winston Churchill. A pesar de los argumentos de modernización, el gasto fue ampliamente criticado por su falta de transparencia y por no considerar opciones más económicas y descentralizadas. - Dirección General de Pasaportes (2024)
El traslado de esta institución a un edificio en el Ensanche Naco se suma a la lista de alquileres innecesarios en áreas congestionadas. Este cambio implica no solo un costo elevado de arrendamiento, sino también un impacto significativo en la infraestructura vial de la zona.
Impacto de estas decisiones
Estos traslados generan múltiples problemas:
- Costos innecesarios: Los contratos de alquiler en zonas de lujo incrementan el gasto público sin una mejora proporcional en los servicios.
- Congestión urbana: La ubicación de oficinas públicas en el Polígono Central aumenta el flujo vehicular, agravando los ya críticos problemas de tránsito y estacionamiento.
- Ineficiencia: Muchos de estos edificios no están diseñados para manejar el alto volumen de personas que reciben las instituciones públicas, afectando la experiencia de los usuarios.
Alternativas sostenibles y descentralización
El gobierno debe priorizar la construcción o adaptación de espacios propios en áreas periféricas. Esta estrategia no solo reduciría la presión sobre el Polígono Central, sino que también:
- Ahorraría recursos a largo plazo.
- Impulsaría el desarrollo económico de otras zonas.
- Mejoraría la movilidad y calidad de vida en la ciudad.
Exigencias ciudadanas
La ciudadanía debe exigir transparencia en la toma de decisiones y una evaluación integral de cada contrato de alquiler. Es fundamental que el gobierno de Abinader, que ha prometido una gestión basada en la ética y la eficiencia, revise estas políticas para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera responsable y en beneficio de todos los dominicanos.
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