Milton Morrison: De ingeniero fracasado a títere de intereses ocultos en el INTRANT
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En un país donde el transporte público clama por políticas modernas, eficientes y humanas, resulta incomprensible —y, peor aún, inaceptable— que el presidente Luis Abinader mantenga al ingeniero Milton Morrison al frente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). No existe razón técnica, moral ni política que justifique su permanencia, salvo la protección de intereses económicos oscuros a los que, por alguna causa, el presidente siente la necesidad de rendirle cuentas.
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Milton Morrison es, a todas luces, una figura deficiente para dirigir un área tan estratégica como el transporte.
No tiene formación, experiencia ni logros conocidos en organización de transporte masivo o gestión de movilidad urbana. Su única hoja de vida relevante muestra un pobre desempeño como ingeniero eléctrico, un historial de mediocridad en EDESUR, donde agravó las deudas y la ineficiencia del servicio, y una carrera pública basada más en relaciones que en resultados.
Hoy, bajo su conducción, el INTRANT no solo ha sido incapaz de establecer un sistema coherente de transporte: ha sumido al país en un caos creciente, marcado por improvisaciones, negocios turbios disfrazados de modernización y un desprecio abierto a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.
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Entonces, ¿por qué Abinader lo sostiene?
La respuesta es tan obvia como vergonzosa: negocios. No hay otra explicación lógica. Morrison no representa a Morrison; representa a un interés mayor, invisible para el ciudadano común, pero claramente poderoso. Cada error suyo no es gratuito: cada fallo es un paso más en la ruta del negocio privado disfrazado de función pública.
Resulta penoso ver cómo, en una nación llena de profesionales capacitados, se impone la agenda de quienes conciben al Estado no como un instrumento de servicio, sino como un botín para garantizar contratos, concesiones y negociaciones al margen del interés público.
La permanencia de Milton Morrison en el INTRANT no es simplemente una muestra de ineficiencia: es un acto de corrupción política encubierta por omisión presidencial.
Y si el presidente Abinader quiere salvar algo de su credibilidad, está obligado a explicar al país por qué insiste en blindar la incompetencia y el negocio descarado en uno de los sectores más neurálgicos para el desarrollo nacional.
Mientras tanto, a la ciudadanía solo le queda una opción: vigilar, documentar y denunciar. Porque si no, el precio de esta complicidad lo seguirán pagando, día a día, los millones de dominicanos que se desplazan como pueden en un sistema de transporte que, bajo la gestión de Milton Morrison, no tiene rumbo, ni decencia, ni vergüenza.
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