Ministerio de Medio Ambiente traiciona su misión en Cabarete por intereses privados
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En un hecho que desafía la lógica de la preservación ambiental y el bienestar común, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha solicitado al Tribunal Superior Administrativo (TSA) la nulidad de los instrumentos legales que protegen una vasta zona de humedales y manglares en Cabarete, Puerto Plata. Esta decisión busca abrir el camino para la construcción de un hotel de lujo con 438 habitaciones, un proyecto que no solo vulnera leyes existentes, sino que también amenaza con desmantelar un ecosistema vital que alberga especies en peligro de extinción.
La solicitud del Ministerio de Medio Ambiente no es solo preocupante, es indignante.
El Estado, a través de sus instituciones, tiene la responsabilidad de proteger los recursos naturales para las generaciones presentes y futuras.
Sin embargo, este caso es un ejemplo de cómo se utiliza el poder gubernamental para favorecer intereses privados por encima de la preservación de la naturaleza y las necesidades de las comunidades locales. Los humedales y manglares de Cabarete han sido históricamente reconocidos como zonas de conservación protegidas por el Decreto núm. 847-09 y la Resolución 9/12 del Ministerio de Turismo, normativas que el propio Estado parece dispuesto a ignorar.
La lucha por la protección de esta área ha sido liderada por organizaciones como el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), Somos Pueblo, la Asociación de Propietarios y Comerciantes de Cabarete y Sosúa (ASOPROCASO), y los residentes de Cabarete, quienes presentaron un recurso contencioso administrativo en contra de la licencia ambiental núm. 0374-19 que autoriza la construcción del hotel en una zona que, por ley, debería estar resguardada.
Lo más alarmante es que esta no es la primera vez que este proyecto hotelero, dirigido por la empresa Connemara SRL, propiedad de Ian Schembri Sant, ha sido objeto de controversia. En diciembre de 2020, el TSA ya había suspendido la licencia ambiental núm. 0373-19, otorgada al mismo proyecto bajo el nombre de Ritz-Carlton Reserve en la "Boca de Yasica", tras los esfuerzos incansables de las mismas organizaciones que ahora buscan frenar nuevamente este desastre. En aquella ocasión, los trabajos iniciales del hotel ya habían dejado una cicatriz visible en el ecosistema: más de 20 mil metros cuadrados de manglares talados, humedales rellenados, y la destrucción de dunas que sirven de refugio para especies en peligro crítico de extinción.
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Es inaceptable que el Ministerio de Medio Ambiente, cuya misión debería ser la salvaguarda del entorno natural, ahora actúe como aliado de la destrucción ambiental.
Los manglares y humedales no solo son ecosistemas de inestimable valor, sino que también juegan un papel crucial en la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la estabilidad de las comunidades costeras. Destruirlos por el beneficio de unos pocos empresarios no solo es un acto irresponsable, es un crimen contra la naturaleza y el pueblo dominicano.
¿A qué intereses responde realmente el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Por qué el Estado parece más interesado en complacer los caprichos del capital privado que en cumplir con su mandato constitucional de proteger el patrimonio natural del país?
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El informe devastador de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) no deja lugar a dudas: el proyecto hotelero ya ha causado estragos irreparables en Cabarete. ¿Cuántas más hectáreas de manglares y humedales tendrán que ser destruidas antes de que el Estado actúe con responsabilidad? ¿Cuántas especies tendrán que extinguirse para satisfacer las demandas del turismo de lujo?
Es urgente que la ciudadanía y los movimientos ambientalistas intensifiquen la presión sobre las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente.
Este no es solo un caso aislado de mala gestión; es un símbolo de cómo se está sacrificando el futuro ecológico de la República Dominicana en nombre del progreso mal entendido. No podemos permitir que nuestros manglares y humedales desaparezcan bajo el pretexto del desarrollo económico, cuando existen alternativas más sostenibles y menos destructivas.
La República Dominicana no necesita más hoteles a costa de su biodiversidad. Lo que necesita es un gobierno comprometido con el desarrollo sostenible, con la justicia ambiental y con la protección de los recursos naturales que pertenecen a todos los dominicanos. Es hora de decir basta y exigir la defensa de lo que es nuestro. Si permitimos que los intereses privados continúen gobernando nuestras políticas ambientales, estamos condenando nuestro país a un futuro sin naturaleza y sin esperanza.
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