Ministerio Público y la vulneración de la presunción de inocencia: una práctica histórica agravada en tiempos de Abinader
Contenido migrado desde el archivo editorial de Hackeando el Sistema.
La presunción de inocencia, principio constitucional y derecho fundamental de toda persona sometida a un proceso judicial, debería mantenerse intacta hasta que una decisión adquiera la condición de irrevocablemente juzgada. Sin embargo, en la República Dominicana, este principio ha sido sistemáticamente atropellado por el Ministerio Público, que en sus notas de prensa tiende a presentar como culpables a los imputados desde el mismo momento de la detención.
Ejemplos sobran. Titulares como “Ministerio Público arresta otro testaferro de red desmantelada con Operación Discovery 3.0” o “Ministerio Público solicita prisión preventiva contra nueve integrantes de red de microtráfico y lavado de activos” reflejan una narrativa oficial que coloca al imputado en la posición de culpable, aún sin juicio ni sentencia firme.
El abogado Emilio Guzmán denuncia esta práctica, que considera ilegal y contraria a la Constitución. Explica que al anunciar solicitudes de medidas de coerción, el órgano persecutor no solo da por cierta su investigación, sino que además suele declarar a la prensa que espera prisión preventiva “por el peso de sus pruebas”, cuando en realidad se trata de evidencias que deben ser valoradas por un juez.
Esta actitud va más allá de lo jurídico: el Ministerio Público utiliza el proceso como escenario de propaganda, adjudicándose logros y sentencias con comunicados que dicen frases como “gracias a nuestro trabajo” o “ante la contundencia de las pruebas aportadas”. Guzmán recuerda que la institución no falla, sino que acusa; y que incluso una investigación puede derivar en descargos.
Un problema histórico, agudizado en el presente
La tendencia no es nueva: históricamente, el Ministerio Público dominicano ha manejado la comunicación pública como si fuese juez y parte. Sin embargo, diversos juristas y analistas coinciden en que esta práctica se ha agudizado durante el gobierno de Luis Abinader, bajo cuya gestión el Ministerio Público ha tenido mayor protagonismo mediático.
En nombre de la “lucha contra la corrupción” y las grandes operaciones judiciales —Discovery, Medusa, Calamar, Antipulpo, entre otras—, la institución ha multiplicado los comunicados y titulares donde los encartados son presentados prácticamente como convictos antes de ser oídos en juicio.
El problema radica en que estas acciones no solo vulneran derechos individuales, sino que socavan la confianza en la justicia y contaminan el debido proceso. La figura de “acusador” se confunde con la de “juez”, y los imputados quedan marcados socialmente sin que se haya probado su responsabilidad penal.
https://hackeandoelsistema.net/el-dolar-y-el-petroleo-ahorcando-la-economia-dominicana/
Una justicia que debe fortalecerse
Aunque Guzmán confía en el fortalecimiento institucional, advierte que mientras se mantenga este patrón comunicacional, la justicia dominicana seguirá arrastrando cuestionamientos. El respeto al principio de “inocencia hasta prueba en contrario” es clave para consolidar un Estado de derecho verdadero.
Mientras tanto, cada vez que el Ministerio Público emite un comunicado del tipo “Prisión preventiva contra cuatro miembros de banda criminal” o “Veinte años de prisión para hombre que le quitó la vida a otro”, no solo informa, sino que impone una narrativa que coloca la acusación como verdad absoluta.
En definitiva, la lucha contra el crimen y la corrupción debe ir de la mano con el respeto a los principios constitucionales. De lo contrario, la justicia se convierte en espectáculo y los derechos fundamentales en simples adornos legales.
Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.
Cargando comentarios...
Comentarios de la red
No hay comentarios registrados en este nodo.