¿Por qué Abinader no ha declarado en estado de EMERGENCIA a la República Dominicana por la amenaza Haitiana, al igual que lo hizo durante la pandemia de COVID-19?
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Tal como se declaró estado de emergencia en la República Dominicana desde el 2020 hasta mediados del 2021 para salvaguardar la salud de los dominicanos frente a la amenaza de la pandemia de COVID-19, es ahora, en pleno 2024, cuando el mismo gobierno dominicano, recientemente posicionado para su segundo mandato bajo el liderazgo de Luis Abinader, debe tomar una medida igualmente drástica. En aquel entonces, la emergencia sanitaria permitió suprimir derechos y otorgar al gobierno la libertad de actuar con determinación para proteger a la población. Hoy, la amenaza es distinta, pero no menos urgente: la crisis en el vecino país de Haití.
La falta de acción del presidente Abinader frente a la amenaza haitiana podría estar vinculada a sus compromisos con organismos internacionales y la información que Estados Unidos posee sobre el financiamiento de su campaña en 2020. Desde que asumió el cargo, Abinader ha tomado más de RD$40,000 millones en préstamos, pero estos fondos no se han reflejado en mejoras sustanciales para los dominicanos. En lugar de eso, se ha observado que muchos de estos recursos se destinan a servicios públicos que benefician a los haitianos, mientras que los ciudadanos dominicanos asumen el costo.
En la Constitución de la República Dominicana, la declaración de estado de emergencia está regulada principalmente por los artículos 262, 264 y 265.
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El Artículo 262 permite al Presidente de la República declarar el estado de emergencia en casos de grave alteración del orden público, calamidad pública o amenazas a la seguridad nacional, siempre con la aprobación del Congreso Nacional en un plazo de 72 horas. El Artículo 264 detalla las causas específicas para declarar el estado de emergencia, incluyendo calamidades públicas, epidemias, alteraciones graves del orden público, y otras amenazas a la seguridad del país. Finalmente, el Artículo 265 establece que el estado de emergencia puede durar hasta 30 días, prorrogables si persisten las circunstancias que lo justificaron, y requiere la supervisión y aprobación continua del Congreso Nacional.
Esta situación puede explicar, en parte, la falta de medidas decididas frente a la crisis haitiana, ya que las prioridades del gobierno parecen estar alineadas con sus compromisos internacionales y el manejo de los recursos de manera que favorecen intereses externos sobre las necesidades urgentes de la población dominicana.
La situación actual de Haití, marcada por el caos y el deterioro institucional, afecta directamente la supervivencia de la República Dominicana.
La inmigración descontrolada, la ineficacia en la seguridad fronteriza, y la complicidad de dominicanos que traicionan a su nación traficando con haitianos, representan una amenaza palpable a la soberanía nacional. Estos problemas no solo ponen en riesgo la seguridad y estabilidad del país, sino que también desafían la capacidad del Estado para ejercer control sobre su territorio y proteger a sus ciudadanos.
Es el momento de que el presidente Abinader y nuestros legisladores tomen una decisión firme y declaren al país en estado de emergencia por la amenaza que representa la crisis haitiana. No podemos dejar la seguridad nacional en manos de un solo organismo. La situación exige que todos los cuerpos armados sean facultados para actuar, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la República Dominicana. La violencia y el caos en Haití han alcanzado niveles alarmantes, y su impacto trasciende las fronteras, generando inestabilidad en nuestra nación.
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Al declarar un régimen de excepción, se establecería un marco que permitiría al Estado dominicano actuar de manera efectiva y coordinada para contrarrestar la amenaza. Se trata de una medida extrema, sí, pero necesaria para responder a una situación que amenaza con desbordar las capacidades de la nación. No actuar con prontitud y decisión en este momento podría tener consecuencias devastadoras para la República Dominicana, poniendo en peligro su soberanía, seguridad y, en última instancia, la paz de todos los dominicanos.
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