Duro con los débiles, suave con los poderosos: ¿Por qué Abinader no toca a Gilbert Bigio?
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Luis Abinader se apresuró a firmar el Decreto 104-25 para declarar terroristas a las bandas criminales haitianas, vendiendo la idea de una política de «mano dura» contra el crimen. Pero, curiosamente, esa misma dureza desaparece cuando se trata de los verdaderos financiadores del caos en Haití. Un caso emblemático es el de Gilbert Bigio, el magnate haitiano sancionado por Canadá y Estados Unidos por su vínculo con estas organizaciones criminales, pero cuyas operaciones en la República Dominicana siguen intactas. ¿Por qué Abinader no actúa contra él? ¿Por qué el gobierno se enfoca en criminales de bajo perfil mientras ignora a quienes realmente sostienen estas estructuras delictivas?
Reconocemos el esfuerzo de Abinader por evitar que el caos de Haití cruce nuestras fronteras, pero el problema es que el presidente dominicano es un adicto al marketing político. Es un maestro en hacer anuncios grandilocuentes que jamás cumple, en vender discursos populistas sin sustancia. Este decreto, aunque en apariencia es una medida firme, no es más que otro espectáculo mediático. Si la intención fuera real, ya habría tomado acciones concretas contra quienes financian estas bandas criminales, como Gilbert Bigio.
Además, los dominicanos estamos hartos de la invasión silenciosa y exigimos medidas contundentes para expulsar a los haitianos ilegales de nuestro territorio. Las mismas encuestas que reflejan la alta popularidad de Abinader también muestran el clamor del pueblo por un país libre de indocumentados. ¿Seguirá Abinader en su burbuja de anuncios vacíos o finalmente hará lo que el pueblo exige?
Si bien el mandatario aseguró que cualquier integrante de estos grupos que ingrese a territorio dominicano será perseguido y juzgado bajo las leyes antiterroristas del país, el decreto en sí mismo carece de validez dentro del marco del derecho internacional. La Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo no otorga facultades al presidente para declarar unilateralmente grupos extranjeros como terroristas sin el respaldo de instancias judiciales o legislativas. En esencia, el decreto no es más que una declaración política sin dientes jurídicos.
Pero lo más grave no es solo la inconsistencia legal del decreto de Abinader, sino la hipocresía con la que se está manejando el tema. Mientras Abinader habla de castigar a las bandas haitianas, ignora por completo a quienes las financian. Un caso evidente es el de Gilbert Bigio, el multimillonario haitiano sancionado por Canadá y Estados Unidos por su rol en el financiamiento de estos grupos criminales.
Sin embargo, en la República Dominicana, sus negocios siguen operando con total normalidad, sin que el gobierno tome acción alguna contra sus activos. ¿Cómo se explica esta omisión? ¿Es que la «mano dura» del gobierno solo aplica para el espectáculo mediático pero no cuando se trata de afectar a las élites económicas que realmente sostienen estas estructuras criminales?
El decreto 104-25 es un acto vacío si no va acompañado de sanciones reales contra los financiadores de estos grupos. La lucha contra el crimen organizado y el terrorismo no puede ser selectiva ni utilizada como herramienta de distracción política. Si el gobierno dominicano realmente quiere tomar una postura firme contra estos grupos, debe empezar por cerrarles el flujo de dinero y castigar a quienes los patrocinan. De lo contrario, lo que estamos viendo es una farsa, una maniobra superficial diseñada para alimentar discursos nacionalistas sin enfrentar el problema de raíz.
https://hackeandoelsistema.net/punta-cana-el-barrio-haitiano-que-el-gobierno-no-quiere-tocar/
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