¿Por qué Hugo Beras no está preso si las pruebas son más que evidentes?
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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha vuelto a evidenciar irregularidades que contravienen los principios establecidos en la Ley 340-06, esta vez relacionadas con un contrato del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) durante la gestión de Hugo Beras.
El contrato en cuestión en la gestión de Hugo Beras, se refiere a la adquisición de elementos y piezas semafóricos por un monto cercano a los 50 millones de pesos, realizado con la empresa Thrive S.R.L.
El proceso de contratación se llevó a cabo mediante una excepción, con un tiempo limitado de apenas tres horas para la presentación de ofertas. Este contrato fue firmado por Beras, en su rol como director de Intrant, y Carlos Ariel Zabala, representante de la empresa, el 20 de diciembre de 2022.
Las irregularidades fueron denunciadas ante Contrataciones Públicas por Luis Antonio López el 6 de enero de 2023. López expresó su preocupación por el hecho de que todo el proceso de compra se completara en un solo día, desde la publicación de la convocatoria hasta la adjudicación del contrato.
Además, se ha señalado que este proceso de contratación aparentemente estuvo direccionado por Hugo Beras, para favorecer a un proveedor en particular, que no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones.
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La empresa seleccionada no contaba con la experiencia de 15 años requerida y tampoco estaba registrada en el rubro demandado.
En respuesta a estas denuncias, Contrataciones Públicas llevó a cabo una investigación y confirmó las irregularidades señaladas. Como resultado, emitió la resolución RIC-73-2024, firmada por su director Carlos Pimentel el 18 de mayo pasado, mediante la cual se declaró la nulidad del procedimiento.
Sin embargo, dado que el objeto contractual ya había sido ejecutado, se determinó que retrotraer las etapas iniciales del proceso sería inmaterial.
Este nuevo caso pone de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia y la legalidad en los procesos de contratación pública, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control para prevenir y sancionar posibles irregularidades que puedan surgir en la administración de recursos públicos.
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