La aparición de nuevos casos de hantavirus y las recientes declaraciones de la vicepresidenta Raquel Peña han vuelto a despertar una sensación que muchos dominicanos recuerdan demasiado bien: incertidumbre. No necesariamente por el virus en sí, sino por el patrón político y comunicacional que suele activarse alrededor de este tipo de situaciones. Después de la experiencia traumática del COVID-19, la población aprendió que muchas veces las autoridades primero minimizan, luego alarman y finalmente toman decisiones extraordinarias mientras la ciudadanía intenta entender qué está ocurriendo realmente.

La vicepresidenta Raquel Peña afirmó que el país “se está preparando” ante una posible llegada del hantavirus. La pregunta que muchos comienzan a hacerse es simple:

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¿Preparándose para qué exactamente?

La propia Organización Mundial de la Salud ha dicho que el riesgo para la población general es “mínimo” y que este brote no representa una situación comparable al COVID. Según la OMS, la transmisión entre humanos es limitada y ocurre bajo condiciones muy específicas de contacto estrecho. Entonces, si el riesgo es tan bajo, ¿por qué ya se habla de preparación gubernamental y activación de protocolos especiales?

Es aquí donde aparecen las dudas razonables que el Gobierno debería responder con absoluta transparencia.

Durante la pandemia del COVID, Raquel Peña tuvo un rol central como cabeza del Gabinete de Salud. Fue una de las principales figuras en la toma de decisiones que impactaron la vida económica, social y sanitaria del país. Y aunque muchas medidas fueron justificadas bajo el contexto de emergencia mundial, también quedaron múltiples cuestionamientos abiertos:

• contratos millonarios de vacunas;
• compras aceleradas;
• gastos públicos extraordinarios;
• millones invertidos en dosis que nunca se utilizaron completamente;
• vacunas vencidas;
• y donaciones de excedentes mientras el Estado enfrentaba otras necesidades urgentes.

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Hasta el día de hoy, gran parte de la población siente que nunca hubo una explicación suficientemente clara sobre cuánto dinero se gastó realmente, qué empresas se beneficiaron y qué nivel de transparencia existió en esos acuerdos.

Ese contexto hace que cualquier nueva alerta sanitaria genere desconfianza automática.

No porque las personas nieguen la existencia de enfermedades, sino porque ya vivieron una experiencia donde el miedo colectivo abrió la puerta a enormes movimientos de dinero, restricciones excepcionales y decisiones tomadas bajo presión emocional.

Y ahí es donde surge el verdadero debate.

El problema no es únicamente el hantavirus.
El problema es la memoria reciente.

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La gente recuerda cómo durante el COVID:

• primero se dijo que no había razones para alarmarse;
• luego llegaron cierres totales;
• después restricciones;
• más adelante presiones sociales;
• y finalmente contratos multimillonarios manejados bajo urgencia.

Por eso hoy muchos ciudadanos observan con cautela cualquier narrativa sanitaria impulsada desde el poder político o los organismos internacionales.

También resulta legítimo preguntarse:

• ¿Qué información maneja el Gobierno internamente?
• ¿Existe realmente un riesgo significativo o se está sobredimensionando preventivamente?
• ¿Se utilizará nuevamente el miedo como herramienta de control social o político?
• ¿Qué empresas podrían beneficiarse si la situación escala mediáticamente?
• ¿Habrá transparencia total esta vez?

Cuestionar no es irresponsabilidad.
Pedir claridad no es negacionismo.
Y exigir transparencia después de lo ocurrido con el COVID es completamente válido en una democracia.

Porque si algo aprendió la población en los últimos años es que las crisis sanitarias no solo se manejan con médicos y hospitales. También se manejan con narrativas, comunicación, percepción pública y enormes intereses económicos en juego.

Y cuando las contradicciones comienzan demasiado temprano, la gente inevitablemente vuelve a hacerse la misma pregunta:

¿Nos están informando… o nos están preparando psicológicamente para algo más?

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