
Reforma Fiscal de Abinader es un ajuste que perpetúa la desigualdad como lo hizo Leonel y Danilo
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El gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, presentó esta semana su proyecto de ley de Reforma Fiscal, en el que propone, entre otras medidas, la eliminación de los anticipos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para microempresas y personas físicas. Este proyecto también incluye la simplificación del régimen tributario y una reducción del anticipo para pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con la propuesta de Abinader, las microempresas estarán exentas del pago del ISR durante los primeros tres años de operación, una medida que el gobierno señala como un impulso para fomentar el emprendedurismo.
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Para las pequeñas empresas, el anticipo se reduciría al 40% de las ganancias, mientras que para las medianas empresas sería del 60%. Actualmente, las empresas deben pagar un anticipo del 100% de sus ganancias proyectadas, lo que ha sido una fuente de críticas y demandas de alivio por parte de los sectores empresariales.
Un ajuste tributario que no es reforma fiscal
A pesar de las promesas del gobierno, diversos sectores de la sociedad han manifestado preocupación por lo que consideran una falta de profundidad en el enfoque de la reforma. Aunque la eliminación de los anticipos es un paso positivo para pequeñas empresas, se critica que la iniciativa no aborda los problemas estructurales de fondo que afectan al sistema fiscal dominicano, como los gastos excesivos y privilegios otorgados a funcionarios y partidos políticos.
Grupos críticos han resaltado la necesidad de realizar cambios mucho más profundos antes de implementar cualquier reforma fiscal, sugiriendo que el gobierno debe enfocarse en eliminar las exoneraciones a funcionarios y legisladores, reducir los altos sueldos de los funcionarios, y combatir prácticas como el "barrilito" y el "cofrecito". Estas son formas de financiamiento millonarias que benefician a los legisladores sin justificación clara.
"La reforma fiscal propuesta no es más que un ajuste tributario disfrazado de reforma. Eliminar el anticipo para pequeñas empresas puede ser positivo, pero no resuelve los problemas estructurales que perpetúan la inequidad en la distribución de los recursos", señala un economista consultado para este análisis.
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La carga sobre los más pobres
Una de las mayores críticas que enfrenta el proyecto de reforma fiscal de Abinader, es que no parece aliviar la carga fiscal sobre las clases más desfavorecidas.
La imagen de que los pobres seguirán siendo los más afectados está muy presente entre los detractores, quienes argumentan que las clases bajas seguirán soportando la mayor parte del peso tributario.
"La reforma beneficia a los sectores empresariales y mantiene intocables los privilegios de la clase política y los grandes capitales", advierten los críticos. "En lugar de eliminar las exenciones a grandes empresas o transparentar la fórmula de los combustibles, el gobierno sigue descargando el peso de la tributación sobre la clase trabajadora".
Además, temas como el infame "Peaje Sombra", la falta de transparencia en el uso de fondos públicos, y la impunidad en los casos de corrupción son señalados como urgencias que el gobierno debe atender antes de pensar en ajustes fiscales que, en la práctica, afecten a los sectores más vulnerables.
¿Reforma o retroceso?
La discusión sobre esta propuesta de modernización fiscal pone de relieve las tensiones entre el gobierno y aquellos sectores que exigen mayor transparencia y justicia fiscal. Si bien la eliminación de los anticipos ha sido una demanda de años, no basta con aliviar una carga tributaria específica si no se corrigen las profundas inequidades que subyacen en el sistema económico dominicano.
La reforma, según muchos críticos, no es un verdadero cambio estructural, sino más bien un ajuste que podría perpetuar los desequilibrios actuales, donde los grandes empresarios y políticos siguen siendo los mayores beneficiarios, mientras que los sectores más pobres y vulnerables cargan con la mayor parte de la presión tributaria.
El país continúa esperando una reforma que redistribuya de manera justa los recursos y elimine los privilegios que, hasta ahora, han perpetuado la desigualdad en la República Dominicana.
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