República Dominicana regula la inteligencia artificial en el sector público
El Gobierno dominicano promulgó un código de ética que reglamenta el uso de la inteligencia artificial en las instituciones estatales. La medida garantiza a los ciudadanos el derecho a solicitar revisiones humanas ante decisiones automatizadas.
Regulación de la tecnología en la administración pública
Mediante el Decreto 787-26, el Poder Ejecutivo de la República Dominicana estableció un marco normativo para guiar el uso de la inteligencia artificial en los servicios estatales. El objetivo principal de la disposición es modernizar los trámites y la atención al usuario, salvaguardando al mismo tiempo los derechos fundamentales de la población.
La nueva reglamentación aplica a todas las entidades del Estado, influyendo de manera directa en los procedimientos administrativos, la evaluación de solicitudes y las resoluciones oficiales que impactan a los contribuyentes.
Derechos de los ciudadanos frente a los algoritmos
El código otorga garantías específicas a los usuarios para asegurar la transparencia en las interacciones digitales con el Gobierno, entre las que destacan:
- Transparencia e información: El derecho a ser notificado cuando una decisión pública haya sido respaldada por herramientas automatizadas.
- Supervisión y rectificación: La posibilidad de solicitar explicaciones, pedir una revisión por parte de personal humano y exigir la corrección de errores si se considera que una resolución fue perjudicial.
- Privacidad de datos: La obligación estatal de proteger la información confidencial de los ciudadanos e impedir sesgos discriminatorios.
Prohibiciones explícitas y plazos de implementación
La normativa prohíbe el empleo de inteligencia artificial para establecer clasificaciones sociales que condicionen el acceso a los servicios públicos, así como la manipulación de la conducta ciudadana a través de desinformación o propaganda política encubierta.
Las instituciones gubernamentales contarán con un plazo de 180 días calendario para adaptar sus operaciones a los requerimientos del decreto. Asimismo, deberán registrar y transparentar el uso de sus herramientas tecnológicas en un portal público de acceso libre. La supervisión ética de este proceso corresponderá a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, mientras que el soporte técnico estará a cargo de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación.
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