Al juez Rigoberto Sena le correspondía impartir justicia en la medida de coerción contra Antonio Espaillat, NO a su relacionada Fátima Veloz

Al juez Rigoberto Sena le correspondía conocer la medida de coerción contra Antonio Espaillat por la tragedia del Jet Set, donde murieron más de 230 personas y otras 150 resultaron heridas. Sin embargo, tras un aplazamiento solicitado por la defensa —que hoy luce como una estrategia calculada— el caso pasó a manos de la jueza Fátima Veloz, hija de un alto ejecutivo del Grupo Puntacana, empresa ligada públicamente a socios del imputado. Esta maniobra procesal pone en entredicho la transparencia del proceso y levanta serias dudas sobre la imparcialidad de la decisión judicial que favoreció a los acusados.

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El juez natural: Rigoberto Sena

El expediente le tocaba originalmente al juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional un magistrado con trayectoria, a quien por coincidencia le correspondía conocer la solicitud de medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat.

Pero justo cuando el caso debía conocerse, la defensa de los imputados pidió un aplazamiento, que hoy se revela como una estrategia deliberada: el cambio de turno judicial permitió que el caso cayera en manos de Fátima Veloz, jueza hija del poderoso empresario turístico Ernesto Veloz, quien mantiene una “relación sin divorcio” —según sus propias palabras— con la familia Rainieri del Grupo Puntacana.
Y los Rainieri, como es bien conocido en el rumor público y señalado por medios y actores del sector, figuran como socios o aliados del conglomerado RCC Media, presidido por el propio Antonio Espaillat.

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Una aclaración importante

Desde HackeandoElSistema.net aclaramos de manera contundente:
El juez Rigoberto Sena y el director de este medio Melvin Sena, NO tienen ningún tipo de relación familiar, personal ni profesional. Ni siquiera se conocen.
Aunque comparten un apellido poco común en la República Dominicana, cualquier insinuación de filtración o vínculo de influencia es absolutamente falsa.
Todo nuestro análisis parte de datos públicos, cruce lógico de informaciones y el ejercicio del periodismo crítico.

¿Qué demuestra esta maniobra?

1. Que el aplazamiento no fue inocente.
   Fue calculado para cambiar el juez natural por una jueza con un vínculo directo —aunque no declarado— con los intereses empresariales involucrados.
2. Que la imparcialidad judicial fue sacrificada.
   La jueza Fátima Veloz debió inhibirse de forma automática conforme a:
   • Artículo 69.5 de la Constitución Dominicana (derecho a un juez imparcial)
   • Artículo 78 del Código Procesal Penal (obligación de inhibición por vínculos familiares)
3. Que el proceso está viciado de nulidad.
   Por violación del debido proceso y por conflicto de intereses, conforme al Artículo 94 del Código Procesal Penal, la medida debe ser declarada nula y el proceso reiniciado con un juez independiente.
4. Que estamos frente a una operación de blindaje para la élite empresarial.
   Los Espaillat no solo tienen dinero: tienen medios, relaciones políticas y poder. Y ahora, también tienen jueces a favor, aunque sea a través del apellido y las conexiones.

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De justicia a estrategia: la nueva cara de la impunidad

La defensa de Antonio Espaillat jugó a los tiempos, a los turnos judiciales y a la estructura corporativa del poder.

Lo que se impuso no fue la ley, fue la conveniencia de clase. Con más de 230 muertos, 150 heridos y decenas de familias destruidas, la jueza Veloz decidió proteger el buen nombre de los empresarios en vez de garantizar justicia para las víctimas.

Este no fue un fallo judicial, fue un fallo moral y ético de un sistema que se protege a sí mismo.
Desde HackeandoElSistema.net, reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la justicia, aunque a algunos les moleste. Y exigimos que:

• Se declare nula la medida de coerción.
• Se realice una nueva audiencia con el juez natural o un magistrado sin conflictos de interés.
• Se investigue el patrón de maniobras en los turnos judiciales que permitió esta jugada.

El pueblo merece justicia, no un teatro jurídico montado para blindar a los poderosos.

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Nota aclaratoria:
Algunas informaciones contenidas en este artículo tienen carácter especulativo, fundamentadas en el análisis de hechos públicos y en el comportamiento reciente de los actores mencionados, así como en una filtración genuina proveniente de una fuente de entero crédito. En virtud de los principios éticos del periodismo y del marco legal nacional e internacional, nos reservamos el derecho de proteger la identidad de dicha fuente, conforme a lo establecido en el Artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza la libertad de expresión e información, así como el derecho a mantener el secreto profesional. Este derecho también está respaldado por instrumentos internacionales como el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los principios establecidos por la UNESCO y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la libertad de prensa. La protección de nuestras fuentes es no solo un derecho, sino un deber ético frente al interés público y la democracia.

Desde HackeandoElSistema.net seguiremos informando sobre este tema, que planteamos primero que cualquier otro medio en la República Dominicana.

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https://youtu.be/FE36BRjehAQ